La batalla entre el PP y el PSOE para alcanzar un acuerdo que permita la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden al Senado, cuyo mandato caducó en diciembre de 2007, no se libra en esta Cámara, aunque pudiera parecerlo. Es cierto que es el Senado el que tiene que impulsar la renovación, ya que estos magistrados lo serán del TC si así lo aprueban tres quintos del Pleno de la Cámara Alta; pero no es menos cierto que la negociación que abra la puerta a un mayoritario respaldo se lleva a cabo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Concretamente, son el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, quienes llevan las riendas de la negociación.
Una negociación que no solo se ciñe a los magistrados del TC que corresponde nombrar al Senado, sino a todo un paquete negociador que va más allá y que afecta a la renovación del cargo de Defensor del Pueblo, ocho vocales del Tribunal de Cuentas y, a partir de octubre, a otros cuatro magistrados del TC que tiene que nombrar el Congreso de los Diputados, entre otros temas. El complejo camino para llegar a un acuerdo global es lo que explica que, ayer, la Junta de Portavoces del Senado decidiera aplazar hasta el próximo miércoles la reunión de la Comisión de Nombramientos, prevista para ayer, en la que se tienen que presentar cuatro candidatos que puedan ser aprobados por tres quintos de la Cámara.
Pero no serán cuatro los candidatos a presentar, sino solo tres (uno del PSOE, otro del PP y un tercero del Parlamento de Cataluña), según el acuerdo que alcanzaron los portavoces parlamentarios; el cuarto se dejará para más adelante, según aseguraron a ABC fuentes de CiU. Esta decisión se abordó en la Junta de Portavoces y se concretó en un almuerzo del presidente del Senado, Javier Rojo, con los portavoces.
Las fuentes parlamentarias consultadas por ABC apuntan que fueron Trillo y Caamaño quienes acordaron este aplazamiento y se dieron una semana más para intentar avanzar en el desbloqueo de una renovación que se demora ya más de dos años y medio. A pesar de este nuevo tiempo negociador, no parece que las posiciones estén muy cercanas, a tenor de las declaraciones realizadas ayer por la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que advirtió que el PP mantendrá la propuesta de Enrique López, vetado por la Mesa del Senado, al entender que no reúne el requisito de cumplir 15 años de experiencia en la judicatura. A este distanciamiento también contribuyó la portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, y el portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, que acusaron a los populares de no coger el teléfono cuando se les llama para intentar alcanzar el acuerdo. Estas declaraciones parecen más una puesta en escena para distraer la atención de la verdadera negociación que llevan a cabo Trillo y Caamaño.
Al margen de lo que pueda surgir de esta negociación, el proceso de renovación sigue su curso. El primer paso será la reunión de la Comisión de Nombramientos del miércoles. Si hay acuerdo PP-PSOE la aprobación estará garantizada en el Pleno; si por el contrario se decide llevar al Pleno cuatro nombres no consensuados, el proceso volverá a bloquearse. La portavoz socialista, Carmela Silva, apuntó que si la vía de los parlamentos autonómicos fracasa, al no aprobarse los cuatro candidatos, que saldrán de los 21 propuestos, se seguirá el camino de los grupos parlamentarios. Ello significa que los grupos parlamentarios pueden proponer nuevos candidatos, que no tendrían que venir de la lista de 21 que ya pasó el examen de los miembros de la Comisión.
