La imagen de unanimidad se cotiza muy cara esta legislatura, pero alguna vez se produce, como ayer. En el orden del día, la toma en consideración de la Proposición de Ley de Reconocimiento y Protección integral a las Víctimas del terrorismo, y en el marcador del hemiciclo, solo lucecitas verdes (336 a favor) que indicaban el acuerdo global de los diputados para respaldar esta iniciativa que ahora empieza su tramitación.
Hubo unanimidad, es cierto, pero por los pelos, porque alguna formación minoritaria aprovechó el comunicado de ETA del pasado fin de semana para pedir al Gobierno que no desperdicie la oportunidad. A punto estuvieron de aguar la fiesta. El portavoz de ERC, Joan Ridao, pidió incluso un «esfuerzo de generosidad» y que se aparque «la visceralidad» ante esa «noticia positiva». El diputado del PNV Emilio Olabarria también quiso marcar distancias con el PP y dejó claro que la iniciativa que se debatía se refería solo a las víctimas, y no era un acuerdo unánime sobre política antiterrorista. En todo caso, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, cerró el debate con un agradecimiento a todos por esta Proposición que integra ayudas, honores e indemnizaciones a las víctimas e incorpora nuevos aspectos de apoyo psicosocial. Aprovechó para expresar la «voluntad más firme que nunca» del Gobierno de acabar con el terrorismo. «Estamos más cerca del final que hace 11 años», cuando se aprobó la anterior ley de solidaridad con la víctimas.
Poco antes, el PSOE y el PP dejaron claro que continúan en el mismo camino en la lucha contra ETA. Primero fue la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, quien dio por caducada la resolución que aprobó el Pleno en mayo de 2005, y que autorizaba al Gobierno a emprender un proceso de diálogo con la banda terrorista ETA. Acto seguido, el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, corroboraba que «la resolución del Congreso caducó el día en que ETA atentó en la Terminal 4 de Barajas». Alonso insistió en que el Gobierno no está negociando con la banda en estos momentos: «Lo puedo decir más alto, pero no más claro».
A pesar del mensaje compartido, los populares pidieron más contundencia al Gobierno de Zapatero. El Grupo Popular quiere tramitar cuanto antes el acuerdo sobre la reforma de la ley de Partidos al que llegaron PP y PSOE en junio, y que cierra todos los resquicios para que ETA no pueda colarse en las elecciones municipales, y para evitar que haya listas «contaminadas» de otras formaciones políticas.
