Desde que se reformó el Código Penal en diciembre de 2007, se contemplan nuevos delitos contra la seguridad vial que antes no lo eran. Esto se debe a la temeridad y la imprudencia de muchos conductores, cuya irresponsabilidad pone en peligro la vida de los demás en las carreteras. El cambio de ciertos aspectos de la Ley produjo un endurecimiento de las penas, y en consecuencia, se ha incrementado el número de personas en prisión por delitos contra la seguridad vial. A 22 de julio de 2010, un total de 61 personas han cumplido condena en prisión por esta causa en Castilla y León, y ya son más de 5.000 las sentencias que han sido dictadas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) por no hacer caso de la normativa, la mitad de las cuales ya fueron cumplidas.Las nuevas leyes contemplan penas de prisión de entre dos y cinco años para aquellos conductores que pongan en peligro la vida o integridad de las personas. El «peligro» se ubica legalmente en superar los 0,6 miligramos de alcohol por litro de sangre o en sobrepasar en 80 kilómetros por hora el límite fijado en autopista de 120 —en 60 kilómetros si se circula por ciudad—.
Asimismo conlleva el ingreso de entre tres y seis meses en la cárcel el hecho de circular sin carné de conducir o negarse a realizar las pruebas legalmente establecidas para detectar el grado de alcoholemia —un simple delito de desobediencia antes de reformarse el Código Penal—. Si bien, estas penas de prisión se pueden sustituir o complementar por Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC).
En total, desde la implantación de la reforma se han dictado un total de 5.268 sentencias. De ellas, 2.668 ya fueron cumplidas y otras 2.266 se encuentran actualmente en gestión —una vez dictada la sentencia se debe acordar con el penado dónde y cuándo va a cumplir los trabajos comunitarios—, o se están cumpliendo en la actualidad, según datos facilitados desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
La provincia que encabeza el ranking de condenas a la realización de estos trabajos es León, con 1.263 sentencias, seguida de cerca por Burgos, con 1.263; Valladolid, con 864; Segovia, con 347 y Palencia, con 341. Por contra, Soria, con 262; Salamanca, con 280 y Ávila, con 308, han sido las provincias donde menos sentencias se han dictado.
Tareas a cumplir
Las tareas que se desempeñan en estos trabajos comunitarios consisten en labores de jardinería, limpieza, mantenimiento, cuestiones administrativas o servicios sociales, que se realizan en Administraciones Públicas, tales como ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro o Centros de Inserción Social.
El penado debe realizar estas labores con su propio consentimiento, y sin ningún tipo de retribución económica. El fin de estos trabajos comunitarios es lograr en él una función reeducativa, y al mismo tiempo, realizar algo útil y provechoso para la sociedad.
Esta jornada «laboral» tendrá un límite de ocho horas diarias, y para determinar tanto la labor como el periodo de cumplimiento se tienen en cuenta diversas circunstancias como sus cargas personales o familiares y si dispone de trabajo, con el fin de que sean compatibles con el cumplimiento de la pena impuesta.
Otra forma de cumplir la condena con estos Trabajos en Beneficio de la Comunidad es la realización de talleres de sensibilización en Seguridad Vial, aunque esta alternativa no se contempla de momento en Castilla y León. Sí se está desarrollando en otras Comunidades Autónomas en colaboración con Cruz Roja.
Para el Ministerio de Interior son varias las «ventajas» de este tipo de condenas, puesto que «combate la pasividad del infractor penal», es una «medida igualitaria» —ya que no depende de la capacidad económica del penado—, «se cumple en libertad» —evitando así la ruptura con su vida cotidiana— y «promociona valores como la solidaridad». De la supervisión de los Trabajos a la Comunidad se encarga la Institución Penitenciaria.
