Está muy difícil, por no decir imposible, que la recogida de firmas de los vecinos de Alcorcón para declarar a «El Rafita» persona «non grata» en esta localidad llegue al pleno municipal del próximo octubre. Ya van más de dos mil rúbricas contabilizadas. El alcalde, Enrique Cascallana, parece ser el más reacio a tratar la propuesta de forma oficial en la Corporación. Además, y a través de unas ambiguas declaraciones a Europa Press, sí deja claro que no le gusta tal recogida de firmas y considera que con su «actitud y trabajo» él ya lo ha hecho.
Rafael González Fernández, «El Rafita», lamentablemente conocido por el secuestro, violación, tortura y asesinato de Sandra Palo el 17 de mayo de 2003, cuando la joven sólo tenía 14 años de edad, vive en Alcorcón. Los vecinos están hartos de tenerle allí. No para de delinquir. Hay hartura de tanto ir y venir a los juzgados porque, ya libre, no cesa de cometer delitos y de resultar detenido. Como informó ABC, acumula siete imputaciones hasta la fecha y cinco retenciones en el último año desde que saliera a la calle el pasado 27 de junio en régimen de libertad vigilada. El 24 de agosto volvió a pasar una noche en los calabozos tras robar una furgoneta de alimentos con conductor incluido y conducir, sin carné, de forma temeraria.
El alcalde de Alcorcón sostiene que «la actitud y el trabajo del equipo de Gobierno que está al frente del Ayuntamiento pasa por perseguir al delincuente y generar programas sociales» para evitar que se repitan los actos delictivos. Olvida que «El Rafita» —además de haber sido condenado por el asesinato de Sandra Palo—, ha demostrado ser un delincuente reincidente.
Cascallana se escuda en que la iniciativa popular para declarar al citado delincuente persona «non grata» en Alcorcón, «no deja de tener un transfondo que nada tiene que ver con este tema en sí, sino con otros elementos que permiten aparecer ante la opinión pública criticando la Ley del Menor u otro tipo de cosas». «Si ese
fuera el debate —añade—, creo que hay que llevarlo al Parlamento».
«La Justicia —opina el primer edil—es la que tiene que intervenir, tomar las decisiones con arreglo a la Ley. Y si hubiese que cambiarla, entiendo que la iniciativa tendría que ser parlamentaria». Preguntado directamente por si él firmaría contra «El Rafita», Cascallana repite que ya lo ha hecho «con mi actitud y trabajo».
La campaña de firmas, que nació de forma espontánea, se inició después del último robo de Rafael González el 26 de agosto. A los vecinos les gustaría que su Ayuntamiento también pidiera la reforma de la Ley del Menor. «Sufrimos la vergüenza de tener a un individuo con nosotros como “El Rafita” que constantemente se está riendo de todos, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», apunta Pedro Moreno, uno de los promotores de la recogida de firmas.
Y el problema no para ahí. Alguno de los vecinos que recogen las rúbricas ha sido amenazado en plena calle. Le ocurrió a una joven de 26 años que resultó amedrentada. «Dedicaos a otra cosa. No sabéis dónde y con quién os estáis metiendo», le increparon unos desconocidos hace dos días.
