Gobierno y controladores aéreos retomaron ayer los cauces de la negociación, después de un verano marcado por la amenaza de huelga y las denuncias de absentismo laboral. El Ministerio de Fomento fue el marco elegido para la reunión entre los representantes del Ejecutivo y la junta directiva de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) con la que José Blanco pretendía sellar un armisticio que pusiera punto y final a meses de desencuentros. Tanto el ministro como César Cabo, el secretario de comunicación de USCA, coincideron en que el encuentro, interpretado como «bastante positivo», suponía un «punto de inflexión» en la tormentosa relación de ambas partes.
Pero al término de las comparecencias oficiales la denuncia de Cabo de que un gran número de controladores han solicitado su rescisión voluntaria enturbió ese clima de reconciliación. A raíz de la aprobación del real decreto en febrero, mediante el que se modificaron sus condiciones de trabajo y se redujeron sus emolumentos, entre 180 y 200 controladores, de los 1.900 en activo, han denunciado su actual estado laboral acogiéndose al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que establece una claúsula para romper los contratos si se modifican las condiciones de trabajo, según denunció USCA, que al principio cifraba en 400 el número de técnicos de control aéreo en esta situación.
Cabo señaló que estos controladores, la mayoría personal veterano de en torno a cincuenta años que han acudido «a título individual» a los juzgados de lo social repartidos por toda España, tendrán derecho a una indemnización «cuantiosa» de 45 días por año trabajado hasta un tope de veinte mensualidades. Pese a que las compensaciones, si llegasen a aprobarse, deberían ser determinadas por las autoridades judiciales teniendo en cuenta cada caso, partirían de un mínimo de 21.000 euros por año trabajado, tomando como referencia el sueldo base vigente en el anterior convenio colectivo, si bien el juez puede incluir en el cómputo de la indemnización otros complementos salariales percibidaos por estos trabajadoras, como las horas extras.
Aena, que confirmó que tan sólo ha recibido 180 de estas peticiones, sostiene que el convenio colectivo sí permitía las rescisiones unilaterales si se modificaban las condiciones laborales y matizó que la indemnización correspondiente al caso es de 20 días por año trabajado. Se esperan las vistas entre octubre y noviembre.
