La Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro. Tras 20 meses estudiando los miles de documentos incautados desde febrero de 2009 a la «trama Gürtel» ha concluido que las pruebas aportadas por la Policía, Hacienda y la Intervención General del Estado «no dejan dudas sobre la existencia de irregularidades en la contratación» por parte del Gobierno de Camps a empresas de Francisco Correa.
En su último informe, fechado el 30 de julio, insiste en rebatir uno a uno los argumentos del PP en contra de la inhibición parcial a favor de la justicia valenciana y asegura que solo enviando parte del sumario a esa comunidad podrá esclarecerse la trama de favores, cohecho y corrupción que salpica al Ejecutivo autonómico y las supuestas «irregularidades» en las cuentas de la formación política.
En ese documento de 11 páginas, en el que la Fiscalía impugna el recurso de apelación del PP contra la inhibición, Anticorrupción recuerda las pruebas ya conocidas contra los aforados valencianos, pero va más allá en algunos aspectos, como el de la revelación de secretos oficiales. Explica la Fiscalía que desde el pasado junio ya figura en el sumario un primer informe de la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que constata que Orange Market, la principal empresa de Correa en Valencia, «poseía el pliego del concurso de Fitur de 2005 (...) antes de la publicación oficial del concurso».
Se refiere la Fiscalía a la adjudicación a la empresa que gestionaba Álvaro Pérez, «El Bigotes», amigo íntimo de Camps, del contrato para montar el stand de la comunidad en la feria de turismo de Madrid por 930.000 euros. Ese fue el primer gran contrato que la «trama Gürtel» obtuvo en Valencia tras ser apartada por la dirección nacional del PP. A esta adjudicación siguieron otras decenas de contratos. Y recuerda la Fiscalía que, como anticipó en su momento la Intervención General del Estado, varios de esos contratos bajo sospecha contaron con la «preceptiva autorización del Gabinete del Presidente».
Según el Ministerio Público, es evidente que hay que investigar la «conexidad» de estas adjudicaciones con las supuestas dádivas que pudieron recibir los dirigentes del PP y los altos cargos del Ejecutivo autonómico, y que no cabe, como pretende el PP, que en Valencia sólo se indague sobre los presuntos regalos, pero no las posibles contrapartidas a los empresarios que los hicieron. «En este estado de la causa no pueden ignorarse los datos que ofrece la documentación intervenida en distintos soportes, el cruce de datos que han efectuado las distintas unidades de auxilio judicial y transcendencia de sus conclusiones» para aforados ante el TSJCV. La Fiscalía lanza además una pregunta al PP: «¿Con estos presupuestos sería posible que se investigue en un tribunal la percepción de los regalos por el funcionarios y en otro tribunal los eventuales desvíos normativos y/o de fondos en su departamento en beneficio de quienes le hicieron los regalos». La respuesta para Anticorrupción es evidente. No.
Asimismo, considera que después de las últimas revelaciones, la Justicia valenciana, además de indagar sobre las adjudicaciones, tiene que auditar a fondo sobre las cuentas y la financiación del PP de la Comunidad Valenciana.
