La fiscalía anticorrupción estudia el modo en que se contrataron las obras de reforma, con cargo al llamado Plan E, en varios inmuebles propiedad de la Guardia Civil en Canarias, ya que, según una denuncia que obra en su poder, existen indicios de que los costes reales de las intervenciones sean muy inferiores a los declarados. De esta manera, con fecha del 26 de julio pasado, entró a la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada un escrito que detalla los trabajos llevados a cabo en algunas de esas propiedades y los compara con los precios de mercado.
El texto cita entre sus fuentes una información publicada por ABC en su edición del día 24 de mayo pasado, titulada «El Plan E convierte una reforma de sólo 380.000 euros en una obra de un millón», que se centraba específicamente en la intervención hecha en el Cuartel de la Guardia Civil de Tráfico de Maspalomas (Gran Canaria) para la restauración de trece viviendas.
Pero la denuncia solicita al Ministerio Fiscal que investigue, además de lo ocurrido en el cuartel de Maspalomas, los casos de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), las 36 viviendas de los pabellones logísticos de San José, en la capital grancanaria, junto con lo actuado en las 18 viviendas de Gran Tarajal (Fuerteventura) y San Bartolomé (Lanzarote), con 8 viviendas. Según el texto de la denuncia, que fue presentada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en todos esos casos se ha trabajado con unos presupuestos demasiado elevados para las escasas viviendas que se reforman.
Agotadas otras instancias
Según ha podido saber este periódico, la denuncia ante la Fiscalía llegó tras haber agotado antes otras vías, entre ellas, la petición de una auditoría externa a la Guardia Civil para que se centrase en el estudio de los costes de las obras de reforma en los distintos cuarteles de la Benemérita en la provincia de Las Palmas. La respuesta a esta presentación, realizada ante
la Secretaría de de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior), fueron unas escuetas catorce líneas en las que el subdirector general inspector prometía tener en cuenta la información aportada para «futuras inspecciones», a la vez que solicitaba que se le aportaran más datos, «incluso con soporte documental».
En la presentación, cabe destacar, se incluía un presupuesto para las mismas obras del Plan E, pero en una empresa canaria que cifraba en 272.755 euros el coste total, una suma muy alejada del 1.025.016 euros que aparece en el cartel que se instaló frente al acuartelamiento del Instituto Armado en el sur grancanario.
Un «revulsivo»
Pensado como una inyección económica que permitiría a algunas administraciones locales acometer muchos proyectos e iniciativas postergadas —aunque después degenerase en obras muy menores, por ejemplo, arreglos en campos de fútbol, jardines y cementerios— el Plan E o «plan Zapatero» fue lanzado el año pasado por el Gobierno como la gran solución al desempleo creciente.
Escasos resultados al margen, el Plan E también se extendió a las instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No por nada el director general de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, destacaba en febrero de este año que el Plan E había supuesto «un revulsivo» para las instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, convirtiendo 2009 en «el mayor año en la historia de la Guardia Civil y la Policía Nacional» en cuanto a inversiones.
