El Gobierno suizo aprobó ayer una nueva norma para regular el secreto bancario que niega la asistencia administrativa a los países que reclamen la transmisión de datos bancarios basando su petición en informaciones robadas, según informa la agencia Efe.
De este modo, cuando un país solicite a Suiza la transmisión de datos alegando doble imposición, la Administración helvética examinará si la petición respeta «el principio de buena fe», es decir, si se basa en informaciones obtenidas de forma lícita.
Suiza adopta esta decisión después de varios casos que han dado al traste con el tradicional secreto bancario suizo, entre ellos uno que afecta a la Hacienda Pública española, inmersa en una investigación a los titulares de 3.500 cuentas de la filial de HSBC en el país.
Fuentes de la Administración Tributaria explican que la nueva normativa en principio no afecta al caso que investiga España, ya que la Agencia ya tiene toda la información. Y de cara a los tribunales españoles asegura que el origen de la información es la administración francesa, una fuente lícita, independientemente de cómo ésta haya obtenido los datos.
