A raíz de que varios agentes, en su condición de miembros de asociaciones profesionales de guardias civiles, opinaran sobre falta de medios y la precaria situación de algunas instalaciones de Inchaurrondo, los responsables del Ministerio del Interior han introducido algunas mejoras en este acuartelamiento donde tiene sede la Comandancia de San Sebastián. Ello acreditaría la oportunidad de esas demandas que, sin embargo, han supuesto la apertura de expediente por presunta «falta grave» contra el sargento Javier Sureda y el guardia José Carlos Damata.
Así, por ejemplo, veinte días después del reportaje periodístico que originó los expedientes (que data de hace un año), mandos de la Benemérita ordenaron la inspección de todos los inhibidores de la Comandancia de San Sebastián. De esta forma se pudo constatar el número de los que no funcionaban y se hizo una valoración sobre los que hacían falta para hacer frente a posibles atentados. La solicitud de más inhibidores de frecuencia fue formulada, además, en pleno debate en la opinión pública sobre la mejora de la seguridad de las casas cuarteles a raíz de la explosión del coche bomba que destruyó la de Burgos que, precisamente, carecía de ellos.
Leve mejoría
Sin embargo, según fuentes de las distintas asociaciones de guardias civiles consultadas por ABC, persisten algunas deficiencias. Algunas un tanto insólitas, como el hecho de que los nuevos edificios inaugurados en junio del pasado año por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya presentan goteras, humedades y desprendimientos de techo. Con todo, su construcción sí ha mejorado en términos generales la situación del acuartelamiento.
No obstante, unidades, como la correspondiente al permiso de armas o al Núcleo de Reserva, continúan en las viejas dependencias, también con goteras y humedades, aunque más arraigadas. Los agentes trabajan con mobiliario obsoleto, en algunos casos con muebles cedidos por particulares. E incluso con mesas y sillas de una sala de bingo, cuyos responsables echaron a la basura y fueron recogidos por un grupo de guardias que pasaba por allí. Algunos vehículos empleados por los agentes para realizar servicios no han pasado la ITV. Incluso otros coches utilizados solo en el interior del cuartel ya han sido dados de baja y como consecuencia de su estado podrían provocar algún accidente o atropello.
Miembros de las diferentes asociaciones profesionales coinciden en subrayar el hecho de que el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, no se deje ver ni por Inchaurrondo ni por otros acuartalamientos del País Vasco. La última vez que visitó las dependencias de San Sebastián fue hace más de un año para acompañar al ministro del Interior en la inauguración de los tres nuevos edificios.
La Asociación Española de Guardias Civiles reiteró ayer su apoyo al sargento Javier Sureda y al guardia José Carlos Damata. En este sentido, un portavoz de la AEGC explicó que cuando el sargento opinó sobre las deficiencias en algunas instalaciones, no lo hacía por interés propio, ya que su despacho tiene unos medios dignos, sino por el lugar en el que trabajan sus hombres pertenecientes al Núcleo de Reserva.
A través de un comunicado, la AEGC expresó su inquietud por el hecho de que en el expediente no se hace mención a que los agentes opinaron como miembros de una asociación profesional y, sin embargo, se agrava la acusación «con juicios de valor innecesarios», como por ejemplo cuando se dice que se desconocen los datos que los agentes pudieron haber dado al periodista y que podrían ser publicados en un futuro. Ello, pese a que ya ha transcurrido un año desde la difusión del reportaje que motivó el expediente. La Asociación considera un «abuso de autoridad» que ahora el director general desempolve este expediente, poco después de que tuviera que archivar otro del que el sargento salía sin ninguna responsabilidad. Ello fue suscrito por otras asociaciones profesionales.
Javier Sureda tendrá que declarar el próximo lunes ante el capitán instructor del caso. También ha sido citado el actual jefe de la Comandancia de San Sebastián, pese a que apenas lleva un mes en el puesto. No así el que ocupó el cargo cuando se produjeron los hechos, ni el mando de la Benemérita que firmó el documento base del expediente.
