La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha salido en defensa de los dos guardias civiles del cuartel de Inchaurrondo, en San Sebastián, expedientados por poner supuestamente en riesgo la «defensa nacional» y la «seguridad ciudadana» al denunciar en varios medios de comunicación en 2009 el mal estado de algunas instalaciones del cuartel de Inchaurrondo.
La asociación a la que pertenecen los afectados habla de «atropello legal», decisión «arbitraria» y pide tener en cuenta la trayectoria de los expedientados. «No se han valorado en este expediente otros méritos del Sargento Javier Sureda -uno de los afectados, junto al agente José Carlos Damata- como la intervención en un atraco en Madrid en 1996 estando libre de servicio, que interviniera en la liberación del funcionario de prisiones Ortega Lara en 1997 o que sufriera un atentado terrorista de ETA en el 2000 donde resultó herido o sus condecoraciones y felicitaciones por diversos actos de servicio», asegura la AEGC a través de un comunicado.
La asociación habla de «atropello legal» y «decisión arbitraria»
Por todo ello exigen «la depuración de responsabilidades a los participes de este atropello legal, informando que la Asociación Española de Guardias Civiles pondrá todos los medios a nuestro alcance y tomará todas las medidas legales y judiciales que estimen pertinentes en defensa de sus dos miembros expedientados».
