El Gobierno lo niega, lo que garantiza que habrá reforma del seguro de desempleo, aunque después de la huelga general. Las contradicciones ministeriales se han convertido en política habitual, no solo por debilidad sino por pura estrategia, pues el presidente intenta cuadrar el círculo, reducir el Estado de Bienestar sin que el personal se entere demasiado. Por eso dice una cosa y la contraria al mismo tiempo, porque intenta que cada interlocutor escuche solo lo que le interesa. Es un juego infantil que provoca confusión y merma de credibilidad interna y externa, pero alguien está convencido de lo contrario.
Habrá reforma, pero equivocada. El paro cuesta mucho dinero, cuatro puntos del PIB este año, y cree el presidente que la sociedad está dispuesta a aceptar que hay mucho desperdicio. Pero trata de reducir el número de perceptores iniciales endureciendo las normas de acceso, lo que de paso le sirve para maquillar las cifras, y reduciendo el gasto en los primeros seis meses para cumplir con el objetivo de déficit. Es justo lo contrario de lo que habría que hacer, de lo que proponía el documento de Fedea, y desde luego lo más reaccionario. Porque la lógica económica y la ética solidaria aconsejarían mantener una elevada proporción del sueldo activo en los primeros meses de paro, para que no caiga el consumo, pero con una rápida pendiente declinante, para que aguantado el chaparrón inicial, el trabajador tenga que asumir la pérdida de su valor de mercado y se vea empujado a aceptar rebajas salariales antes de que sea demasiado tarde y sus cualificaciones se hayan convertido en obsoletas. Una reforma así ayudaría a conseguir la devaluación competitiva que España necesita y generaría empleo, pero no recorta gasto inmediatamente. Zapatero tiene la prisa del que ha llegado tarde a la realidad.
