La última medida estrella de quien ya actúa libremente como número dos del Ejecutivo y allana el terreno a las propuestas más polémicas con sus reflexiones en voz alta no ha dejado indiferente al sector de la construcción. Los sindicatos, junto con las comunidades autónomas más castigadas por los recortes, han acogido con escepticismo el anuncio de José Blanco de que el Ministerio de Fomento contará con 700 millones de euros de inversión adicional en obra pública, un nuevo margen que le permitirá rescatar 49 obras incluidas en la lista negra de los recortes.
La rentabilidad política de este movimiento, en el seno de un equipo de Gobierno siempre un paso por detrás del impetuoso ministro, parece manifiesta. La propia vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, tuvo que matizar horas después de su presentación en la Comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados las palabras de Blanco, en una imagen ya tradicional. Sin embargo, su incidencia en el empleo y los márgenes de las empresas ha quedado en entredicho.
El pasado mes de julio las organizaciones sindicales y la patronal advirtieron que los recortes de 6.400 millones (ahora reducidos a 5.700 millones) dejarían sin trabajo a cerca de 110.000 personas. Lejos de la pompa con que el Gobierno presentó la «actualización» de los recortes, CC.OO. asegura que la dotación adicional no generará más de 8.000 puestos de trabajo, según determinó ayer Javier González, responsable del sector autonómico de la organización.
El sindicato tacha la medida de producto de «improvisación» y de concesión ante la «exigencia de las grandes constructoras», al mismo tiempo que exigen «una mayor concreción» en las actuaciones recogidas en el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI). Fomento dio a conocer el pasado jueves los primeros contratos firmados en el marco de este modelo de financiación, sin especificar a cuánto ascenderá la inversión total en 2010 ni el desglose del coste de las obras ya contempladas. «El ministro ha anunciado una serie de actuaciones a realizar, de las que no sabemos exactamente si con 700 millones de inversión será, o no, suficiente», destacó la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC.OO. (Fecoma) en un comunicado.
Las constructoras, por su parte, aplauden la reducción del ajuste, pero reclaman medidas complementarias para sostener la financiación de la obra pública. «El margen adicional de 200 millones de euros debe ser bienvenido, pero creemos que el total de 700 millones es una recuperación insuficiente. Por eso, ahora en la tramitación parlamentario los diputados y sus grupos deben exigir que se recorte el gasto no productivo de otros Ministerios para mantener la inversión pública en infraestructuras de transporte a un nivel razonable», destaca Jaime Lamo de Espinosa, presidente de ANCI (Asociación Nacional de Constructores Independientes).
La incógnita que se mantiene y que, según los sindicatos, Blanco trata de esquivar aplazando su clarificación es la lista y el importe de las obras incluidas en las reprogramaciones, aquéllas cuyos plazos de finalización se verán retrasados. El listado, que las organizaciones consideran «indispensable» para trazar una línea de negociación con las empresas, no se conocerá hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en septiembre.
Seguimiento mensual
A la espera de que se aclaren los ajustes finales, el presidente del PP, Mariano Rajoy, indicó que su partido realizará «un seguimiento puntual de todas las obras públicas que se liciten» y solicitará todos los meses la comparecencia de Blanco. «Cada mes el ministro de Fomento tendrá que venir a explicar la verdad, cómo van las cosas, qué se hace y qué no se hace», informa Virginia Carmona.
Heridos en su orgullo, algunos ejecutivos regionales se apresuraron a manifestar su descontento con el reparto de las obras absueltas de los ajustes. El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que su comunidad autónoma, en la que únicamente se rescató un contrato (la autovía A-33), «vuelve a ser la más castigada por los recortes en infraestructuras». El Grupo Popular de Madrid recurrió al sarcasmo para criticar la reordenación del programa de infraestructuras. «Ojalá el presidente del Gobierno tratara a la Comunidad de Madrid igual que a Marruecos», ironizó David Pérez, portavoz del PP en esta comunidad, quien indicó que el país magrebí ha recibido «700 millones de euros para infraestructuras» procedente del Gobierno español.
Más sorprendente fue el caso de Cataluña, una de las comunidades más beneficiadas por el reparto de obras indultadas (se rescataron nueve), donde CiU llamó a formar un «frente común» con el resto de los parlamentarios catalanes para reclamar al Ejecutivo central el cumplimiento de todas las inversiones previstas, propuesta que, no obstante, fue rechazada por el consejero de Política Territorial de la Generalitat, Joaquim Nadal.
