Ayer volvimos a vivir un episodio de matizaciones entre distintos miembros del Gobierno, el tercero en lo que llevamos de agosto. En declaraciones a RNE, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no estaba haciendo una propuesta sino una sugerencia cuando abogó por elevar de quince a veinte el número de años que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de la pensión. Eso sí, apuntó que sería razonable y de hecho está en línea con la propuesta que el propio Ministerio de Economía envió a la comisión del Pacto de Toledo.
Tras las fuertes críticas que despertó entre los parlamentarios de la oposición el documento enviado a Bruselas en el que el Ministerio de Economía cuantificaba el ahorro para el sistema de la Seguridad Social de retrasar dos años la edad de jubilación, ampliar de 15 a 17 el número mínimo de años cotizados para tener derecho a prestación y extender de 15 a 25 el número de ejercicios a tener en cuenta para el cómputo de la pensión, el Ejecutivo no quiere cometer el mismo error. De hecho, el pasado mes de febrero fue también Salgado quien aseguró que se trataba de un ejemplo pero para evitar confusiones se rectificó y se eliminaron las cifras concretas de la propuesta enviada a Bruselas.
El discurso del Gobierno ahora es que se va a esperar a las conclusiones de la Comisión del Pacto de Toledo antes de presentar un proyecto de reforma. Y pese a que el Banco de España y la Comisión Europea han urgido al Ejecutivo a tomar medidas ya, el Ministerio de Economía insiste en la necesidad del consenso, y dice que no hará nada hasta que no tenga las conclusiones de una comisión que lleva años trabajando sin ninguna urgencia en el asunto.
Pero esta no es la primera "matización" que la titular de Economía ha hecho en este mes de agosto. La primera fue al propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El impacto que las palabras del presidente sobre el menor ajuste en
infraestructuras tuvieron en los mercados obligaron a Salgado a matizar que el dinero extra para obra pública no afectaría al déficit público, y no sería demasiado. Después fue el secretario de Estado de Economía quien en un claro mensaje a los inversores aseguraba que el Ejecutivo tomaría todas las medidas de ajuste que fueran necesarias para garantizar los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Pero si en estos dos casos podemos hablar de matices, en el debate sobre la subida de impuestos asistimos a una discrepancia y una corrección en toda regla. La vicepresidenta leyó la cartilla al titular de Fomento, José Blanco, ante los medios de comunicación y en una rueda de prensa conjunta de ambos ministros. En los Presupuestos de 2011 no habrá nuevas subidas de impuestos, salvo algún «ajuste» en aras de la equidad, dejó claro Salgado después de que Blanco se mostrara partidario de subir los tributos para tener mejores infraestructuras y servicios públicos. Parece que la vicepresidenta ha querido este mes de agosto dejar claro que en la política económica es ella la que manda, aunque a veces haya algunos ministros que parecen querer ocupar este cargo.
Ayer la ministra volvió a demostrar el poco entusiasmo que le despierta tener que subir los impuestos, ni siquiera a los ricos, aunque sea un anuncio de Zapatero. El Gobierno aún no tiene decidido «al cien por cien» si acometerá ajustes fiscales sobre las rentas más altas debido al «escaso impacto» recaudatorio que tendría esta medida en un país como España, de una amplia clase media.
Ante estas palabras el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, mostraba su convencimiento de que el Gobierno ha renunciado a crear un impuesto para gravar las grandes fortunas. Además expresó su temor a que finalmente el Ejecutivo opte por subir los impuestos indirectos (los que gravan el consumo)por su mayor potencia recaudatoria.
