La Guardia Civil, con 37 hombres en este momento en Afganistán, desarrolla dos funciones: una de asesoramiento a los militares españoles del equipo de reconstrucción y otra, avalada por el Congreso, que tiene como misión formar a los incipientes cuerpos policiales autóctonos. Son los Pomlt o equipos mentores, a uno de los cuales pertenecían las víctimas. «Los policías afganos, al menos en Badghis, son gente entregada a su trabajo», relataba a ABC hace tres meses un comandante del Instituto Armado recién llegado de la misión. Según él, la relación de los guardias civiles mentores o formadores con los agentes locales es muy estrecha, pese a que se hace necesario llevar pegado a un traductor de farsi a todas horas, igual que ocurrió ayer mientras los dos oficiales impartían el curso básico de policía en «Base Urrutia».
En Afganistán, donde el Gobierno controla una pequeña parte del territorio y en el que no se sabe si debajo de un uniforme o de las ropas de un civil se agazapa un talibán dispuesto a volarte la cabeza, como acaba de suceder, implantar una disciplina policial no es tarea fácil. Los agentes igual les enseñan a desfilar que a extinguir un incendio; un día les explican cómo construir un armero, les ayudan a levantar una comisaría o les dan unas nociones básicas de cómo cachear a un sospechoso. Y todo eso con un kalashnikov pegado a su espalda del que los agentes locales no se separan ni para dormir porque lo tienen prohibido.
Casi cada día, el equipo de reconstrucción tiene que partir de la nada, en un país devastado, con un ojo puesto en su propia seguridad y el otro en la máxima de que la región de los talibanes empezará a funcionar cuando funcione su policía. Con todo «Base Urrutia» es un búnker donde las salidas y entradas se controlan al milímetro. De ahí que el ataque de ayer, en las propias entrañas de la base antigua, resulte aún más inquietante. Si se coló un supuesto talibán, puede no ser el único.
