Una vez más la reforma laboral del Gobierno consigue dar otro paso después de cuatro votaciones y con un margen muy estrecho en el número de votos. Durante la sesión que la Comisión de Trabajo celebró ayer en el Senado, sólo seis votos (129 a favor y 123 en contra) permitirán al texto gubernamental llegar al Congreso para su tramitación final como proyecto de ley el próximo 9 de septiembre.
En el mes de junio, el entonces decreto-ley pasó su primer examen en el Congreso con 168 votos por parte del grupo socialista —uno menos de los que obtuvo el «tijeretazo» por la abstención del ex secretario de CC.OO. Antonio Gutiérrez—. A finales de junio, y con una serie de enmiendas bajo el brazo, el texto volvía a pasar un nuevo filtro en el Congreso para alcanzar el rango de ley. En esta ocasión, los grupos parlamentarios apoyaron medidas concretas de la reforma pero sólo el PSOE dio el «sí» al conjunto del proyecto.
La «reforma del despido»
En la sesión de ayer, y después de tres votaciones que dieron como resultado un empate, hubo que recurrir al sistema de voto ponderado (que tiene en cuenta el número de senadores de cada grupo) para avanzar en la tramitación del texto. «Una huida hacia adelante», según la senadora del PP, Alicia Sánchez Camacho, que da muestras «de la debilidad de Zapatero». «Una ley endurecida y que se aleja de las necesidades de los parados y autónomos, y propicia el despido», añadió la senadora popular.
Con los votos a favor de Entesa y el Grupo Mixto, el PSOE logró salvar la reforma laboral frente a la oposición del PP y la abstención de CiU y PNV. Una de las enmiendas socialistas más polémicas —la reducción de 100 a 30 días del «periodo de gracia» del que disponen los parados para rechazar los cursos de formación sin ser penalizados— obtuvo el visto bueno bajo la condición del PP, que exigía que estos cursos se correspondieran con la profesión del desempleado o sus aptitudes formativas.
También superaron las votaciones las enmiendas del PNV y el BNG, que coincidían con las del PP, previamente rechazadas. Una de ellas restringe la conversión en trabajadores fijos a los empleados temporales que encadenen contratos de obra y servicios durante tres años y hayan realizado «idéntica actividad y en el mismo puesto», ampliables a 12 meses más. También se ha eliminado como causa legal de despido el hecho de que el abstentismo global de una empresa llegue al 2,5% —sólo procederá cuando el trabajador falte el 20% de su jornada hábil en dos meses consecutivos—; por otra parte, en el caso de desempleo parcial, la cuantía de la prestación a cobrar se calculará según las horas y no los días.
Entre las propuestas socialistas salieron adelante la consideración de «servicio de carácter público» a la intermediación laboral, independientemente de quien la ejerza, la asignación de un plazo de 12 meses para revisar las condiciones laborales de las personas discapacitadas y la obligación de pagar el salario mínimo a las trabajadoras del hogar.
Una de las modificaciones del texto hace referencia a la correción lingüística propuesta por CiU que consistía en cambiar una coma por un punto y coma. De esta forma, las causas del despido objetivo derivarían de «las pérdidas actuales o previstas; o la disminución persistente del nivel de ingresos».
Fuera del texto se ha quedado la enmienda del Partido Popular que pedía que los autónomos pudieran cobrar el subsidio de paro tras agotar la prestación por desempleo. Para el PP esta propuesta era fundamental para proteger a un colectivo del que dependen muchos puestos de trabajo.
La reforma que salió ayer del Senado tampoco contentó a los sindicatos que aseguraron que el texto actual amplía el poder empresarial en detrimento de los derechos de los trabajadores, abaratando así el despido.
Para UGT y CC.OO., el Gobierno solo ha apostado por la reducción de costes empresariales y no se han producido cambios para adaptar el modelo productivo a las necesidades del mercado de trabajo. Esto reafirma, según los sindicatos, la convocatoria de huelga general para el próximo 29 de septiembre.
El fracaso del diálogo social desemboca en un escaso apoyo legislativo que reafirma el argumento de los expertos que ven en este texto una reforma que defrauda las expectativas y malgasta la oportunidad de adaptarse al contexto socioeconómico.
