El liberalismo pretende acotar el Estado al tamaño y orientación necesarios para posibilitar el desarrollo de la sociedad civil, de esa sociedad abierta que es la verdadera protagonista del progreso y bienestar de los pueblos cuando no es aherrojada o ahogada por la voracidad insaciable del Estado.
Ahora que el jinete apocalíptico de la crisis va a tener que ir desmochando presupuestos «como sea», se intenta acabar con las diputaciones. Es evidente que se debería buscar una mayor coherencia entre artefacto y proyecto, pero dentro de una necesaria reordenación de la administración territorial española, acaso inspirada en los principios y métodos del presupuesto base cero, lo que más falla y es fuente de mayor despilfarro, cuando no directamente de perjuicio para los derechos civiles de los españoles, es toda la parafernalia bien cebada del calamitoso Título VIII de la Constitución.
En las comunidades uniprovinciales el presente aparato de poder autonómico deriva del engorde de la antigua diputación provincial respectiva. Las comunidades sumaban en el primer trimestre de este año 94.621 millones de euros de deuda, destacando Cataluña con más de la cuarta parte del total. Galicia es quinta en este podio del entrampamiento con 5.244 millones de euros, el 5,5% del total y aproximadamente el 45% de su presupuesto. Cada gallego debe 1.883 euros. La trampa está repartida sin colores políticos.
El presupuesto actual de la Xunta es de 11.685 millones de euros mientras que el mayor de las diputaciones gallegas, la coruñesa, es de 178,5 millones de euros. En el caso de Galicia, las tareas más inmediatas deberían ser otras que la eliminación de las diputaciones, al menos mientras tengan que suplir las carencias más notables de ciertos municipios que apenas cuentan con infraestructura técnica y administrativa para cubrir las necesidades de sus pocos y dispersos vecinos. Así, antes de eliminar las diputaciones habría que abordar otra tarea importantísima, aunque políticamente incorrecta, en los niveles territoriales superior e inferior a las mismas.
Reducir los 315 ayuntamientos, con sus 31.550 núcleos de población, a una cantidad más razonable ¿—una tercera parte?— de acuerdo al nivel tecnológico de hoy y las mayores facilidades para la comunicación y el transporte. Y en el escalón superior a las diputaciones, más pronto o más tarde será preciso reducir la Xunta a una dimensión acorde con la que debería tener para mejor servicio de los sufridos administrados y no convertirse en una fuente creciente de poder, y sinecuras.
Dado el nivel de deuda, cuya tendencia es a empeorar, la administración regional debería plantearse devolver competencias a la administración central y haciendo voto solemne de evitar la tentación funesta e insolidaria de imitar procesos como los del lamentable, ventajista y suicida estatuto catalán. Unidades discriminatorias como la de Política Lingüística deberían desaparecer.
Y es que lo que de verdad le importa al administrado es comprobar como los enormes impuestos que se ve obligado a pagar no se destinen a gastos suntuarios o superfluos. El chapucero sistema autonómico español es insostenible y estamos llegando al final de la escapada. O bien se va a un sistema verdaderamente federal, pero caro, como en EE.UU.. o se vuelve a uno centralizado, más barato y seguramente eficaz, como en Francia. Mejor un gobierno que dieciocho. Y un parlamento que diecinueve, incluido el Senado.
La mejor celebración de la llamada patria gallega sería contribuir a que las cosas sean mejores cada día y día a día. Que se diera la vuelta a la situación presente. Pero nadie está por la labor. Ni lo estará hasta que nos asomemos al abismo.
