Las centrales sindicales sacan pecho de cara a la huelga general. Ayer, UGT y CC.OO. salieron a la palestra para comentar las enmiendas del Senado a la reforma laboral iniciada por el Gobierno y no dudaron en acusar al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero de querer «hacer caja» con los recortes en las prestaciones a los parados y pretender falsear las cifras del paro.
La pretensión anunciada el lunes por el ministro de Trabajo de reducir el plazo —de 100 a 30 días— con el que cuentan los parados para rechazar ofertas de empleo o formación es para los sindicatos una fórmula para intentar amañar los datos de desempleo. Según Ramón Górriz, secretario de acción sindical de CC.OO., es lo que vendría haciendo «todos los meses» el gabinete de Celestino Corbacho. «Con enmiendas como esta no se pretende generar empleo sino maquillar las cifras», dijo su homólogo de UGT, Toni Ferrer.
En este sentido, los representantes sindicales calificaron de «falso e interesado» el debate suscitado por el propio Ministerio sobre si los parados están o no aceptando las ofertas de inserción u orientación laboral y sobre la posibilidad de sancionarlos en caso de rechazarlas.
Tanto UGT como CC.OO. aseguraron que si las cifras de aceptación de esas ofertas son bajas es porque las ofertas en sí «son escasas o no existen» por la baja inversión en políticas activas de empleo. Por eso, el sindicalista se refirió a esa voluntad sancionadora del Gobierno como «una vuelta de tuerca más en el recorte de prestaciones», que se sumaría a la exclusión de los parados de entre 30 y 45 años sin cargas familiares de la ayuda de 426 euros para aquellos que agoten el subsidio por desempleo.
Ferrer denunció que el Ejecutivo «quiere hacer economía» con el desempleo y consideró que la reforma planteada solo pretende reducir el gasto social. UGT y CC.OO. criticaron que esa medida de ajuste fiscal, aunque necesaria, es una receta «comprada» por Rodríguez Zapatero al FMI, el Banco Central Europeo y el
Ecofin y «acordada» con los mercados y solicitaron más fórmulas para atraer ingresos a las arcas públicas en lugar de actuar con más recortes.
Además, los representantes de los trabajadores rechazaron de lleno cualquier posibilidad que permita a las agencias privadas de colocación funcionar como intermediarios laborales por considerarl que supondría la «privatización» de los servicios públicos de desempleo.
Vuelta a la mesa de diálogo
Los sindicatos exigen ahora regresar a la negociación y el diálogo porque ven en la reforma que se estudia para el mercado de trabajo más crisis y más desempleo. En su valoración, las centrales afirman que la reforma que se estudia para el mercado laboral, cuyas enmiendas introducidas por el Senado se debaten hoy en esa Cámara, es una medida «represiva que no contiene ninguna cuestión progresiva».
Lo único acordado hasta ahora por las Cortes Generales, dicen, es el abaratamiento del despido, un recorte de los derechos y garantías de los trabajadores y de la capacidad de negociación colectiva y, por contra, una ampliación del poder empresarial. Por eso dicen ver cada vez más razones para materializar el paro general convocado para el 29 de septiembre.En ese esfuerzo sindical por demostrar fortaleza, Górriz advirtió: «Todas las huelgas generales en este país las hemos ganado los sindicatos».
