La devolución de la liquidación correspondiente al ejercicio presupuestario de 2008 que ha pedido el Gobierno central supondrá que los ayuntamientos riojanos tengan que desembolsar unos 7 millones de euros, lo que mermará más la capacidad de maniobra de los consistorios, ahogados por la falta de financiación.
Es por ello que la Federación Riojana de Municipios (FRM) se ha opuesto a la solicitud de la Administración estatal, motivo por el cual se ha reunido con carácter de urgencia con el fin de llegar a un acuerdo que ponga de manifiesto su postura ante el Estado. Así, con la unanimidad de todos los grupos políticos, la Comisión Ejecutiva de la FRM ha aprobado solicitar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de forma urgente la elaboración de una Ley de Financiación Local y un Estatuto de Competencias que puedan entrar en vigor a partir de 2011. También pide que las devoluciones que el Estado demanda ahora correspondientes al ejercicio de 2008 y las que pudiera pedir a futuro del 2009 se aplacen hasta la aprobación de dicha Ley.
La Federación Riojana de Municipios solicita además que esas devoluciones se negocien dentro de dicho marco legislativo «de forma que no supongan una carga añadida a la ya precaria situación financiera en la que nos encontramos». Quiere igualmente que el Tribunal de Cuentas elabore un informe sobre la legalidad de la medida planteada por el Gobierno de España, «ya que estamos hablando de devoluciones de ingresos de presupuestos cerrados y liquidados».
Financiación justa
La FRM ha decidido trasladar estos acuerdos a Zapatero, al presidente de La Rioja, a los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, al Parlamento riojano, al presidente del Tribunal de Cuentas y al máximo responsable también de la Federación Española de Municipios y Provincias. La FRM rechaza la medida del Gobierno central, más teniendo en cuenta que en los últimos años los Ayuntamientos «venimos sufriendo recortes en la participación de los ingresos del Estado». Recuerda que desde hace tres décadas los consistorios españoles reivindican «una financiación justa que garantice la prestación de unos servicios de calidad». Fondos que no llegan mientras se suceden las «promesas siempre incumplidas», que han desembocado en una situación para los ayuntamientos «precaria y preocupante».
