La crisis económica ha disparado los registros de la economía a cifras histórica que, en la Comunidad Valenciana, una de las regiones más afectadas por este fenómeno en España, pueden elevarse a los 25.000 millones de euros anuales.
Un fenómeno que, además, se agrava en los meses estivales, cuando proliferan contrataciones irregulares en el sector servicios; negocios como el de alquiler de apartamentos turísticos, que mueven cantidades millonarias, o diferentes obras de rehabilitación en las primeras residencias.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados e Ghesta elevan al 23,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) el volumen de negocio que escapa al control del Fisco. Un porcentaje que, extrapolado a la Comunidad Valenciana, arroja los citados 25.000 millones de euros anuales, casi del doble del presupuesto de la Generalitat para el presente ejercicio. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) emplea un cálculo más conservador —en el entorno del 20 por ciento— que, en todo caso, arrojaría una bolsa de dinero negro superior a los 20.000 millones de euros.
Los expertos argumentan el repunte de la economía sumergida en el hecho de que la recaudación tributaria haya descendido siete veces más que el PIB.
Caída de ingresos
Así, de acuerdo con el informe anual de la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT), los ingresos logrados por Hacienda en[/10TEXTO] la Comunidad Valenciana durante el ejercicio 2009 ascendieron a 8.944 millones de euros, lo que representa un retroceso porcentual del28 por ciento. Mientras, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB autonómico se contrajo un 4,3%, hasta dejar el volumen de actividad regional en los 106.608 millones de euros.
A la hora de localizar el fraude los expertos indican que en primer escalón está el pago del IVA; después, el Impuesto de Sociedades; y, en último, el IRPF. Los técnicos consideran que las caídas registradas en la recaudación de estos tributos no se corresponden exactamente con el descenso de la actividad económica. La crisis ha despertado la picaresca y ha alentado nuevas fórmulas de trabajo —especialmente por cuenta propia— en el que las facturas brillan por su ausencia. Es el caso de las obras de rehabilitación.
Así, durante el pasado año, la Agencia Tributaria recaudó en concepto de IVA en la Comunidad Valenciana 1.329 millones de euros menos que en el año anterior —un retroceso de 37 por ciento—. En el caso del IRPF, la aportación a las arcas estatales se desplomó otro veinte por ciento —1.097 millones de euros menos—. mientras que el impuesto de Sociedades (que grava los beneficios empresariales), retrocedió un cuarenta por ciento y se dejó 1.077 millones en el camino.
Unos descensos que, en opinión de los técnicos de Hacienda, no obedecen únicamente a los efectos de la recesión. Además, destacan el caso de la Comunidad Valenciana como el de la región en la que más ha crecido la economía sumergida en España en la última década.
La estructura económica regional, con un fuerte peso del sector servicios, y las tradicionales actividades manufactureras como el calzado o el curtido —concentradas fundamentalmente en la provincia de Alicante— explican en parte este fenómeno. La elevada presencia de pymes en el tejido empresarial —representan a más del 95 por ciento del total— es otro factor aludido por los expertos, que consideran que las compañías de menor tamaño disponen de mayores facilidades para eludir las obligaciones fiscales.
Fraude en los alquileres
La proliferación de los apartamentos turísticos en las costas valencianas —el principal destino de las pernoctaciones turísticas de la región en los meses estivales— también ha contribuido a engrosar las cifras del dinero negro.
En esta línea, los técnicos de Hacienda calculan que el 62% de los arrendamientos localizados en la región son alquileres sumergidos que escapan del control del fisco. Se calcula que existen alrededor de 76.398 alquileres sumergidos en la Comunidad Valenciana, lo que representa el 7,8% del total del parque de viviendas alquiladas en toda España, que se cifra en casi 150 millones de euros anuales.
Mercado laboral
El cruce de estadísticas relativas al mercado laboral también arroja algo de luz respecto a las sombras que se ciernen en la economía sumergida.
De acuerdo con la última Encuesta de Población Acti[/10TEXTO]va (EPA), correspondiente al cierre del segundo trimestre del año, en la Comunidad Valenciana hay 1,99 millones de personas ocupadas. En cambio, el dato de afiliados a la Seguridad Social en la misma fecha —al concluir el 30 de junio de 2010— se sitúa en 1,69 millones.
De esa forma, la diferencia entre las personas que en la actualidad se encuentran trabajando en la región y aquellas dadas de alta en los diferentes regímenes de la Seguridad Social supera las 233.000, una cifra que los expertos apuntan como procedente de la economía sumergida y una de las mayores de toda España.
De hecho, estos trabajadores que, según el cruce estadístico, se encuentran en el limbo de la legalidad, representan un tercio de los ocupados que no cotizan a la Seguridad Social en el conjunto del territorio nacional.
