No sabe y apenas contesta. El presidente de la Generalitat, José Montilla, que ayer visitó las fiestas de Gracia, asegura que no le consta ningún tributo a la colaboradora de ETA Laura Riera, acto que tendrá lugar precisamente en ese barrio, donde se han repartido carteles con las fotos de los homenajeados. El dirigente socialista, en la línea por las manifestaciones del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, quien dejó en manos de la Justicia la decisión de prohibir la marcha por los «presos políticos», se limitó a comentar que son los jueces y las fuerzas de seguridad las que deben resolver la situación.
Montilla recorrió las calles de Gracia, granero de votos socialistas precisamente junto a Hereu. Como se sabe, las encuestas preelectorales no dejan muy bien parados a ambos socialistas, que actualmente carecen del apoyo incondicional de su propio partido. El paseo del líder del PSC, al que también acompañaban su mujer y sus tres hijos, se produjo en medio de un fuerte chaparrón, lo que permitió a Montilla bromear respecto a la «lluvia de ideas» que sus socios de Gobierno, ERC e ICV, ofrecen respecto a las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Ambos partidos coinciden en la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación, los primeros para decidir la independencia y los segundos, un modelo federal. El presidente catalán se desmarcó de estas «aventuras» y «atajos».
Por otro lado, Montilla advirtió de que a pesar del recurso «partidista» presentado por la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ante el Tribunal Constitucional (TC), el Gobierno catalán aplicará la ley de acogida de los inmigrantes.
La ley valenciana, pionera
Una ley que, por cierto, no es pionera en España, tal como aseguró el Ejecutivo catalán cuando fue aprobada este año, pues la Comunidad Valenciana aplica una idéntica desde 2008 sin imposiciones lingüísticas. El recurso está basado en la sentencia del TC sobre el Estatuto, en la que se anula la preeminencia del catalán y se advierte de que algunas competencias que se atribuye la Generalitat pueden entrar en colisión con las del Estado. La ley autonómico obliga a los inmigrantes a acreditar el dominio del catalán para tener el certificado de arraigo, lo que la Defensora del Pueblo calificó, en una entrevista a ABC, como un monolingüismo anticonstitucional.
Montilla recordó que Cava de Llano fue diputada del PP y que ejerce su cargo en funciones. Asimismo, considera que se debería haber abstenido de impugnar una ley «que es vigente» y que el Ejecutivo catalán «desarrollará porque es su obligación. Es una ley firme, mientras no haya un tribunal que diga lo contrario». «Este recurso —añadió— tiene una intención absolutamente partidista, en la línea que ha defendido el PP, que es ir contra todo lo que significa desarrollar el Estatuto».
