Hazte premium Hazte premium

Los ayuntamientos disparan el IBI para compensar la depresión del ladrillo

La recaudación derivada del impuesto aumentó más de un 21 por ciento entre los ejercicios 2007 y 2009

M. Á. MONTERO

Los ayuntamientos del Archipiélago recaudaron en 2007 poco más de 299 millones de euros derivados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Ya en el ejercicio 2009, los ingresos por esta vía se dispararon hasta casi alcanzar los 363 millones. Así pues, y en solo dos años, los consistorios de la región incrementaron sus entradas por este tributo algo más de un 21 por ciento.

En 2007, en cuyo último trimestre estalló la crisis económica —con funestas consecuencias para el sector del ladrillo, especialmente en Canarias—, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) dejó a las corporaciones locales de las Islas alrededor de cien millones de euros. Dos años después, y de acuerdo siempre a los propios presupuestos de los ayuntamientos, los cuales publica el Ministerio de Economía y Hacienda, esta cantidad había caído hasta prácticamente la mitad: poco más de 52 millones. De esta forma, los consistorios canarios se vieron ante la necesidad de encontrar una fórmula que les permitiese compensar lo que la construcción ya no era —ni es— capaz de aportar. Y no tuvieron que buscar demasiado, toda vez que el equilibrio presupuestario ha llegado por el camino más corto: la subida de impuestos.

De este modo, el IBI, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica constituyen las tres principales vías recaudatorias ahora que las necesidades ciudadanas, y con ellas el gasto público, se multiplican casi exponencialmente. Claro está, eso sí, que las subidas las sufren los bolsillos de los vecinos y las cuentas de las familias y empresas, con lo que, acaso simplificando la problemática, las corporaciones acaban por pedir más a sus administrados so pretexto de seguir prestándoles servicios, esto es, la pescadilla que se muerde la cola.

El del IBI es el ejemplo más claro de cómo los ayuntamientos —sin, por otra parte, muchas más alternativas— han echado mano de los tributos para minimizar el impacto de

la depresión del ladrillo y aguantar el tirón de un gasto público desbocado. Allá por el ejercicio 2007, el último de la bonanza y de la burbuja inmobiliaria, los consistorios del Archipiélago ingresaron a través del referido IBI, más conocido como «Contribución», algo más de 299 millones de euros. Ese mismo año, el ICIO, ya a la baja, dejaba los referidos cien millones.

Y llega 2008 y, con él, la crisis más profunda que ha sufrido la construcción en las últimas décadas; una crisis que alcanza también a 2009, cuando el ICIO apenas contribuye a las arcas municipales con 52 millones, es decir, prácticamente la mitad que dos años antes. Pero, para entonces, los ejecutivos locales ya han caído en la cuenta de lo insostenible de la situación y los 299 millones que la «Contribución» facilitó en 2007 se transforman, solo dos ejercicios más tarde, en casi 363 millones, lo que supone un aumento relativo del 21,3 por ciento. No es de extrañar, pues, que las quejas vecinales hayan proliferado por la práctica totalidad de la geografía insular.

De cualquier forma, no solo el IBI ha ayudado a los gobiernos locales a tapar agujeros. En este sentido, sirven también de ejemplos el IAE y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el llamado «rodaje». En el caso de este último, la recaudación aumentó en 11,3 millones de euros entre 2007 y 2009, mientras que el IAE reportó el año pasado 1,2 millones más que en el ejercicio en que la cuesta comenzó a empinarse.

En todo caso, son los totales los que permiten comprender hasta qué punto los ayuntamientos están exprimiendo el fruto de los impuestos. El año del comienzo de la crisis, los impuestos directos e indirectos —excluyendo, por tanto, las tasas y contribuciones especiales— dieron a las arcas municipales cerca de 608 millones de euros. Los presupuestos del último ejercicio reflejan que el montante aumentó hasta 642 millones. Esta presión impositiva explica que, pese a la dura situación que atraviesan las cuentas de los consistorios, los ingresos totales hayan permanecido estables: 2.076 millones de euros en 2007 y 2.057 millones, en 2009.

De los números se desprende, pues, que la cuasiquiebra que sufre un buen número de las corporaciones municipales de la región no atiende tanto a una pérdida brusca de ingresos como a un desmesurado incremento del gasto público. El problema para los vecinos, con todo, radica en que sus ayuntamientos tratan de mantener un nivel de entradas que no podrá sostenerse a largo plazo y que se basa en la nada popular medida de incrementos impositivos, lo que puede apretar aún más la soga que asfixia a muchas familias y pequeñas empresas. El futuro a medio y largo plazo se vislumbra insostenible, y el IBI ya no encuentra margen a más subidas.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación