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El Govern no tira de la manta

El conseller Joan Saura considera «razonable» el pacto de El Vendrell y Calafell que «legaliza» a los manteros

INÉS BAUCELLS

À. GUBERN

¿Tolerancia cero o un pacto buscando el mal menor? El acuerdo alcanzado por los ayuntamientos de El Vendrell y Calafell con los «manteros» para desplazar del centro y de las zonas costeras a zonas controladas la venta ambulante está generando reacciones de todo tipo, la mayoría de ellas en contra de un acuerdo que supone la legalización de facto de una actividad ilícita. De hecho, ningún otro municipio, empezando por Barcelona, parece dispuesto a seguir el ejemplo de las dos localidades tarraconenses, que en el pasado habían sido escenario de enfrentamientos entre vendedores y policía local. El Vendrell y Calafell, ante la imposibilidad de luchar solos con su policía local ante un fenómeno desbordado, han optado por un pacto polémico.

Las comerciantes de la zona reaccionaron de forma ambivalente: por un lado ven alejarse las mantas de las puertas de sus tiendas, pero por otro lamentan un acuerdo que supone «legalizar» una actividad que no paga impuesto alguno. El acuerdo de los ayuntamientos no entra a cuestionar qué se vende en las «mantas» aunque a nadie escapa que se trata en la mayoría de casos de productos ilegales.

Esta reacción contrasta con la del conseller de Interior, Joan Saura, que sí consideró «razonable» el paso dado por El Vendrell y Calafell. En una entrevista a «Els Matins de TV3» recogida por Efe, Saura emplazó a los municipios catalanes a buscar la solución «menos conflictiva» en cada caso, y recordó que el control de estas prácticas es competencia de los ayuntamientos. No obstante, el titular de Interior subrayó que los mossos seguirán cumpliendo su función de controlar que no se venda material ilegal, luchando contra este tipo de negocio y las «mafias» que lo promueven.

«El buen rollo»

Las reacciones a las declaraciones de Saura no se hicieron esperar y desde el PP le reclamaron mediante un comunicado que, como responsable de Interior, actúe contra el «top manta» y «se olvide de ser el conseller del buen rollo». En este sentido, la formación que lidera Alicia Sánchez Camacho precisó que «no se puede mirar hacia otro lado» y que tiene que ser la policía la que actúe contra la venta ilegal.

Para los populares, la solución de El Vendrell y Calafell no es la adecuada para hacer frente a la venta ambulante ilegal puesto que «es una medida que perjudica al comercio y a los comerciantes que sí pagan sus impuestos». En la misma línea se posiciona el Ayuntamiento de Barcelona, que dijo no contemplar la posibilidad de crear zonas de tolerancia para «manteros» como las de El Vendrell y Calafell, porque supondrían «una competencia desleal» para los comercios que pagan sus impuestos, afirmó el alcalde accidental y responsable económico municipal, Jordi William Carnes. «No lo apoyaremos porque permitir crear espacios de tolerancia sería ir contra el comercio de la propia ciudad», defendió.

Carnes reconoció que en Barcelona también existen los «manteros», de los que dijo son un fenómeno «no fácil de controlar», ya que los cuerpos policiales pueden estar encima coordinadamente pero «en un cuarto de hora están en otro sitio». «La única respuesta es la presión», insistió Carnes, quien aseguró que tienen «controladas» las zonas donde actúan. Desde el Consistorio se dijo haber liderado la inclusión en el Código Penal la lucha contra los delincuentes multirreincidentes, aunque «no se da cobertura formal y legal» al perfil de los «manteros».

Precisamente, el presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, lamentó la permisividad hacía el «top manta» que se contempla en el Código Penal «pactado recientemente entre CiU y PSOE», así como «las actitudes erráticas del Ayuntamiento para acabar con esta práctica», como se puede apreciar a diario en la zona del puerto. La ordenanza de Civismo de Barcelona no sólo penaliza la venta ambulante sino también la compra.

Frente al pacto de la manta de El Vendrell y Calafell, otras localidades tarraconenses como Salou y Cambrils se reafirmaron ayer en su política, descartando negociar y optando por la tolerancia cero con la venta ilegal. A la vez, se recordaron las campañas de educación cívica para que el consumidor entienda el daño que provoca al comercio convencional comprar en el «top manta». Al respecto, la Cámara de Comercio de Tarragona calificó de «muy pernicioso» el acuerdo con los manteros: «Es el principio del desastre». Su presidente se preguntó en declaraciones a Ep «con qué moral se puede exigir a los comerciantes que paguen sus impuestos si los propios ayuntamientos reconocen abiertamente que han negociado el cambio de ubicación de actividades irregulares».

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