Dieciséis años después del genocidio que se cobrara la vida de más de 800.000 tutsis y hutus moderados, cerca de seis millones de ruandeses acudieron ayer a las urnas con la intención de disfrazar de legalidad la dictadura del presidente tutsi Paul Kagame, en el poder desde 2000.
Un mandatario que en los pasados comicios presidenciales obtuvo cerca del 95% de los votos y que para el actual proceso electoral apenas ha dispuesto de oposición real, ya que los tres candidatos a los que se enfrentaba —Damascene Ntawukuliryayo, Prosper Higiro y Alvera Mukabaramba— se encuentran estrechamente vinculados al actual Gobierno.
Así que, pese a que el resultado de las elecciones no se conocerá hasta mañana, lo cierto es que nadie duda de que el líder del Frente Patriótico Ruandés arrasará de nuevo en el proceso electoral, que acrecienta su ya de por sí leyenda negra.
Sobre todo tras el asesinato el pasado mes de julio del vicepresidente del opositor Partido Democrático Verde (DGPR), André Kagwa Rwisereka. Una acción para la que, de momento, no existen culpables.
Como señala a ABC Frank Habineza, líder del DGPR, «en Ruanda, un país donde no hay oposición, es imposible hablar de elecciones justas». Para el político —que asegura temer por su vida—, que dos candidatos, Bernard Ntaganda y Victoire Ingabire, se encuentren actualmente encarcelados «dice mucho» de la legalidad de estos comicios ante la comunidad internacional.
Las heridas del pasado
Unas denuncias sobre la carestía de derechos humanos, refrendadas por organizaciones como «Human Rights Watch», que recientemente vilipendiaba «la represión persistente de los derechos civiles y políticos» y las «restricciones de libertad de expresión, que puede afectar la estabilidad del país a largo plazo».
Sin embargo, y pese al clima de represión —en junio, un periodista crítico hacia el Gobierno de Kagame fue también asesinado de un tiro en la cabeza— la jornada electoral discurrió con total calma. Fue una demostración palpable del interés de la población local en cerrar las heridas del genocidio de 1994 y que permite la asimilación de Kagame como el salvador de la patria, pese a que su etnia (tutsi) tan sólo representa el 14% de la población frente a la mayoritaria hutu (85%).
Recientemente, el propio mandatario reiteraba haber sacrificado un modelo de democracia occidental a cambio del fin de la violencia a través un régimen centrado en la figura presidencial. Sin embargo, las miserias del régimen de Kagame no se limitan a su manifiesta ausencia de libertad. En 2008, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputó a 40 militares ruandeses por delitos de genocidio y lesa humanidad —incluidos los asesinatos de nueve cooperantes españoles— y aseguró tener «indicios» para actuar también contra el presidente del país.
Unos crímenes, cometidos en el periodo 1990-2000, en los que resulta notable la figura de Laurent Nkunda, líder de la guerrilla tutsi del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), que fue detenido a comienzos de 2009 por sus propios aliados ruandeses en la reciente estrategia del Gobierno de Kigali para eliminar a testigos molestos del pasado.
Con el apoyo explícito de Kagame, el CNDP —formado por 8.000 hombres— arrasa desde 1998 la región congoleña del lago Kivu en su afán de evitar «el genocidio que los hutus están practicando contra los tutsis al este del Congo». Entre sus «méritos» se encuentran la matanza de más de 160 civiles en 2002 en la región de Kisangani, o el reclutamiento de más de 2.500 niños soldado.
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