La Policía Nacional ha detenido a un total de 11 personas —ocho de ellas, en Cataluña— en una operación desarrollada en otros puntos de España que ha permitido desarticular una red internacional dedicada a la explotación sexual de mujeres provenientes de la Europa del Este, que sufrían condiciones de vida penosas y eran forzadas a trabajar en sesiones maratonianas.
La organización delictiva, cuyo principal responsable en nuestro país era una mujer de nacionalidad bielorrusa —A. S, de 33 años, afincada en Tenerife, pero detenida en Castelldefels (Barcelona)—, tenía la peculiaridad de «promocionar» a aquellas meretrices más leales. Tras ser explotadas podían pasar a ser «madames» y, de ahí a encargarse de expandir el «negocio» en otras provincias, una suerte de repugnante franquiciado.
Según informaron fuentes policiales, en la operación se registraron tres locales, dos de ellos en Barcelona: el prostíbulo «La Casa del Placer» de Sant Boi de Llobregat, y un piso en Castelldefels. De los ocho detenidos en Cataluña, siete fueron arrestados en Barcelona y uno en Tarragona, donde la red extendía su actividad delictiva.
Según informó la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, las jóvenes vivían en condiciones «penosas», ya que estaban obligadas a permanecer «al menos 21 días» en los burdeles asignados, donde vivían hacinadas junto a otras compañeras y estaban disponibles 24 horas al día.
El importe de cada servicio sexual se repartía al 50% entre la organización y las víctimas, a las que además cobraban diez euros diarios en concepto de manutención y alojamiento, así como otras «multas» si se desviaban de las normas impuestas.
La investigación arrancó en junio de 2009 a raíz de unas informaciones facilitadas por las autoridades rusas. La red disponía de un aparato de captación de nuevas víctimas con sede en los países de origen de las mujeres traficadas; otra rama se encargaba del transporte y, por último, otros operaban en el sector dedicado a la explotación directa de las jóvenes en burdeles repartidos por toda España.
La organización en España estaba liderada por la ciudadana bielorrusa afincada en Tenerife, junto a su mano derecha, también detenida. Esta cabecilla, que actuaba bajo distintos alias y evitaba aparecer en cualquier tipo de documento, contaba con la colaboración de ciudadanos rusos y bielorrusos instalados en diferentes localidades de la provincia de Tenerife. También tenía el apoyo de otra mujer en Madrid que no pudo poner en marcha un nuevo burdel en la capital gracias a la intervención policial.
Cada prostíbulo disponía de una «mami» o encargada, responsable de facilitar información a los clientes sobre las jóvenes disponibles, negociar las condiciones de los servicios sexuales y efectuar el cobro. Bajo su mando, tenían a varios «matones» encargados de la seguridad en los locales y del traslado de las jóvenes.
Primero, las mujeres eran explotadas por la organización y una vez demostrada su lealtad, podían pasar a ser encargadas en los prostíbulos. Posteriormente, tras un periodo de prueba, se las consideraba preparadas para actuar sin supervisión y las enviaban a otras provincias donde debían seleccionar un inmueble apto para establecerse, generalmente pisos bajos con escasos vecinos.
