Dieciséis años después del genocidio que se cobrara la vida de más de 800.000 tutsis y hutus moderados, Ruanda acude hoy a las urnas con la intención de disfrazar de legalidad la dictadura del presidente tutsi Paul Kagame; en el poder desde 2000.
Un mandatario -Kagame- que en los pasados comicios obtuvo cerca del 95% de los sufragios y que parece empeñado en los últimos meses en acrecentar su ya de por sí leyenda negra. Sobre todo, tras el asesinato el pasado mes de julio del vicepresidente del opositor Partido Democrático Verde (DGPR), André Kagwa Rwisereka. Una acción para la que, de momento, no existen culpables.
Como señala a ABC Frank Habineza, líder del DGPR , «en Ruanda, un país donde no hay oposición, es imposible hablar de elecciones justas». Para el político -que asegura temer por su vida-, que dos candidatos (Bernard Ntaganda y Victoire Ingabire) se encuentren actualmente encarcelados «dice mucho» de la legalidad de estos comicios ante la comunidad internacional.
Unas denuncias sobre la carestía de derechos humanos, refrendadas por organizaciones como Human Rights Watch, quien recientemente vilipendiaba «la represión persistente de los derechos civiles y políticos» y las «restricciones de libertad de expresión, que puede afectar la estabilidad del país a largo plazo».
Sin embargo, las miserias del régimen de Kagame no se limitan a su manifiesta ausencia de libertad. En 2008, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputó a 40 militares ruandeses por delitos de genocidio y lesa humanidad -incluidos los asesinatos de nueve cooperantes españoles- y aseguró tener «indicios» para actuar también contra el presidente del país.
Unos crímenes, cometidos en el periodo 1990-2000, en los que resulta notable la figura de Laurent Nkunda, líder de la guerrilla tutsi del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), y que fue detenido a comienzos de 2009, precisamente por sus propios aliados ruandeses; en la reciente estrategia abierta por el Gobierno de Kigali para eliminar a testigos molestos del pasado.
Con el apoyo explícito de Kagame, el CNDP -formado por 8.000 hombres- arrasa desde 1998 la región congoleña del lago Kivu en su afán de evitar «el genocidio que los hutus están practicando contra los tutsis al este del Congo». Entre sus principales «méritos» se encuentran la matanza de más de 160 civiles en 2002 en la región de Kisangani, o el reclutamiento de más de 2.500 niños soldado.
Pero la relación entre Nkunda y Kagame, pese a ser conocida por la opinión pública desde hace años, no fue denunciada por la ONU hasta diciembre de 2008. En un informe realizado por cinco observadores independientes, se detallaba cómo el Gobierno de Kigali participó en «el reclutamiento de soldados, incluidos niños», así como facilitó la provisión de «equipamientos militares a los hombres de Nkunda». Un conflicto que en poco más de una década se ha cobrado la vida de más de cinco millones de personas.
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