Tras las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, asegurando que se está mejorando la seguridad en los campos para evitar robos y que en la pasada campaña de la aceituna los hurtos disminuyeron más de un 35 por ciento, Asaja y COAG emitieron ayer un comunicado en el que ponen de manifiesto su indignación y su más rotunda oposición a dichos comentarios.
El fenómeno de los robos en el campo no es nuevo, y desde hace más de cinco años el sector viene poniendo en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno esta problemática, que cada día va a más a pesar de la «magnífica entrega y dedicación de los números de la Guardia Civil».
«No es cierto, como señala el subdelegado, que exista un programa de seguimiento durante todo el año con las organizaciones, las cooperativas y productores agrarios. El único seguimiento al que se da audiencia en la Subdelegación es para trasladarle periódicamente una recopilación de denuncias de los robos sufridos por los agricultores y ganaderos». Y dicha recopilación indica, según las dos patronales, que la inseguridad es cada vez mayor en las zonas rurales y ello a pesar de que la impunidad con la que actúan los ladrones y la falta de resultados ante las denuncias hace que los afectados desistan de formularlas en muchos casos.
Todo lo susceptible de ser revendido está destinado al robo: cosechas y animales, transformadores, cables eléctricos, placas solares, instalaciones eléctricas, equiposde riego, generadores, maquinaria o enseres.
En primavera, desde el sector se solicitó un plan para mejorar la coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional incrementando la vigilancia en los núcleos rurales.
De forma paralela, las dos asociaciones insisten en la necesidad de endurecer las sanciones por reincidencia, en el marco de la reforma del Código Penal, y el establecimiento de un registro único para los delitos.
«Con todas estas propuestas, ni las medidas ni la situación han variado. La seguridad en las zonas rurales sigue siendo una asignatura pendiente y no deja de aumentar», según Asaja y COAG, que reconocen que «las denuncias seguramente se hayan reducido, porque «¿para qué denunciar si recuperar lo robado es impensable y si se atrapa al ladrón pasado mañana está repitiendo la hazaña?».
Hace meses se sugirió la necesidad de valorar la posibilidad de que la Administración asumiera el coste de una seguridad privada, algo que ya hace con determinados servicios públicos, corriendo con los gastos. Ahora, Asaja y COAG señalan la urgencia de adoptar medidas como esa.
