Traicionados, ninguneados y perjudicados en sus intereses. Así se sienten los taxistas madrileños. Tanto es su enfado, que las dos organizaciones mayoritarias en el sector, la Gremial y la Federación del Taxi, firmaron un comunicado conjunto rechazando el último borrador de la nueva ordenanza municipal que los regulará. Se quejan de que no se ha incluido en él, pese a los meses de negociación, «ni una sola de nuestras alegaciones». Amenazan con protestas —desde huelgas a «una gran manifestación con 30.000 taxistas»— en septiembre si el texto sigue negándoles el derecho a llevar publicidad.
Esa es una de sus principales reivindicaciones: en tiempo de crisis, quieren buscar alternativas que les reporten ingresos. «Si los autobuses de la EMT llevan anuncios, ¿por qué nosotros no podemos?». Pero no es la única reclamación: también están en contra del punto de la nueva ordenanza que reduce a 6 los años máximos de vida de un taxi. Ahora son 10.
«Esto —dice el presidente de la Gremial, José Luis Funes— nos obligará a renovar los coches antes, casi en la mitad de tiempo que ahora, y para poder amortizarlos, la gente comprará coches más baratos».
Hay otras exigencias de la nueva ordenanza, como que en todos los coches pueda pagarse con tarjeta de crédito, que los taxistas están dispuestos a asumir «siempre que se establezca un calendario progresivo y que haya algún tipo de ayuda o subvención», recuerda Mariano Sánchez, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Alegaciones ignoradas
La actual ordenanza municipal del taxi data de los años 80. La nueva se negocia desde hace meses. Los representantes de este sector aseguran haber mantenido muchas reuniones con los gobernantes municipales, en las que les han aportado sugerencias para el texto. «Nuestra sorpresa ha sido encontrarnos con que el último borrador no recoge ni una, y así , no lo vamos a firmar», advierte Sánchez.
Coincide con Funes en otro asunto: la capacitación de los conductores. «Este se está convirtiendo en un sector-refugio por la crisis, donde llega mucha gente», advierte Funes, quien aporta un dato: el número de conductores ha pasado en los últimos meses de 4.000 a 7.000, «hay casi 500 más al mes». Por eso piden al Gobierno local que reduzca el número de exámenes y, de paso, eleve los requisitos para «subir el nivel».
«El sector del taxi —advierte este dirigente— va a reaccionar muy mal; hay mucho malestar y esta ordenanza pretende ponernos correas». Llevan, añade, «meses» pidiendo una reunión con el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que nunca se concreta. Desde el Ayuntamiento, los responsables del taxi declinaron responder a las quejas de los taxistas.
