La Villa de Candelaria ha vuelto de súbito a copar gran parte de la información en el Archipiélago. Al foco de polémica de la central eléctrica de Las Caletillas, la Justicia vino ayer a añadir un nuevo frente que, para desgracia del alcalde del municipio, el socialista José Gumersindo García, no termina de extinguirse. Y es que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha autorizado ya la entrada a las construcciones de las personas afectadas en el poblado costero de Cho Vito, para proceder al derribo de las viviendas edificadas en zona de dominio público marítimo terrestre y «a los efectos de proceder a la ejecución forzosa y subsidiaria de la recuperación posesoria» del mismo.
Así consta en el auto divulgado por la Delegación del Gobierno de Canarias que se dictó el pasado 24 de junio y en el que se especifica que la expropiación forzosa y el derribo de las viviendas se hará «en horas diurnas y dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación de la presente resolución a la Administración». El auto recuerda que existen varias resoluciones anteriores, del 16 de marzo y 29 de junio de 2006, que ya habían fallado positivamente sobre la «ejecución forzosa y subsidiaria de las resoluciones de recuperación posesoria» del dominio público invadido por las viviendas privadas, ordenando por ello «la demolición de las construcciones y la retirada de sus restos con reposición del terreno a su estado primitivo».
Este último auto, pues, confirma el hecho de que la Demarcación de Costas de la provincia tinerfeña notificase esta semana a los vecinos afectados que abandonen sus viviendas para que en el mes de septiembre se proceda a los derribos de las mismas por incumplir la ley y acometer las resoluciones adoptadas en noviembre de 1993 y septiembre de 2005. De este modo, el poblado marinero de Cho Vito pasará en breve a la historia no solo del Archipiélago, sino también del resto del país.
