Los gobiernos de Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia aseguraron ayer que no han tenido «ningún problema» con los traslados de menores extranjeros no acompañados desde Canarias y que la colaboración ha sido «absoluta» tras el convenio de colaboración que estas tres comunidades firmaron con el Ejecutivo canario en 2006 para atender la llegada masiva de estos niños.
Así han respondido responsables autonómicos consultados por Ep, a raíz de la polémica en torno a las declaraciones de la consejera de Bienestar Social de Andalucía, Micaela Navarro, en las que acusaba a Canarias de enviar a estos menores a su comunidad de forma irregular. Fuentes de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de Murcia, han indicado que la colaboración entre esta región y Canarias ha sido «absolutamente buena».
Asimismo, han informado que tienen bajo su tutela 17 menores en dos centros de acogida. Las mismas fuentes han asegurado que el número de menores extranjeros no acompañados ha descendido de forma notable en los dos últimos años, como consecuencia directa de la disminución de la llegada de pateras a las costas españolas. «No solo no hay ningún problema con el Gobierno canario, sino que éste ha reconocido públicamente el esfuerzo de Castilla y León en la acogida de niños extranjeros no acompañados», han aseverado desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades castellanoleonesa, que tiene bajo su tutela a 29 de estos menores.
En la misma línea se han pronunciado fuentes de la Ejecutivo valenciano, que han querido zanjar la polémica, asegurando que en esta comunidad la situación de estos niños está «en orden». Por su parte, La directora general de Protección del Menor y la Familia del Gobierno canario, Carmen Steinert, ha asegurado que la comunidad autónoma de Canarias no ha trasladado nunca a ningún menor extranjero no acompañado a Andalucía. Asimismo, indicó que en los últimos dos meses no se ha efectuado ningún traslado de menores
inmigrantes a la Península, ni siquiera dentro de los acuerdos establecidos entre esta comunidad y diversas entidades sin ánimo de lucro ubicadas en diferentes puntos.
El Estado, responsable
Por su parte, Unicef recordó ayer que el Estado español es el responsable de garantizar a los menores inmigrantes no acompañados sus derechos y de coordinar a las comunidades autónomas para que también lo hagan, ya que, «antes que inmigrantes, son niños». La directora de sensibilización de Unicef España, Marta Arias, afirmó que España ratificó la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que «está por encima de una nacionalidad u otra, así como de una documentación concreta». Sin entrar a valorar la polémica insistió en la obligación de todas las administraciones de atender a los niños «en las mejores condiciones».
