La irregular operación del Ministerio de Cultura para adquirir los papeles robados en 1936 al primer presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá-Zamora, no ha contentado a nadie, ni siquiera a la familia Soria, a quien el Gobierno ha comprado esos documentos pese a que la Justicia aún no ha determinado que sean de su propiedad ya que los nietos del político también los reclaman y el pleito entre las dos familias sigue vivo y pendiente de que la Audiencia de Valencia resuelva el último recurso interpuesto hace apenas una semana.
«Nos sentimos coaccionados por el Ministerio de Cultura», se queja Aurora Lara, esposa de Mariano Soria, el empresario valenciano que en 1978 encontró los papeles entre las pertenencias de sus padres fallecidos y al que treinta años después, en 2008, le fueron intervenidos por la Guardia Civil cuando trataba de venderlos a un historiador en una cafetería.
Cultura ha tasado los legajos, de gran valor histórico, en 80.000 euros y en un operación tutelada por la Agencia Tributaria, los ha aceptado como pago en especie de una deuda fiscal que tenían los Soria. «Alguien se sacó de la manga esa cifra. Valen mucho más, pero, ¿qué podíamos hacer? Era eso o nada. O cogíamos eso o íbamos a estar pleiteando hasta 2020», replica Lara. «Sabíamos que no iban a soltar esos papeles. Nos sentimos coaccionados en la valoración», explica la esposa de Soria, molesta con la operación, pese a que ha podido rentabilizar unos bienes que no eran de su propiedad y que le fueron sustraídos a Alcalá-Zamora de las cajas de seguridad den banco Credit Lyonnais en las que los depositó en 1936 antes de marchar a un viaje por el Ártico durante el cual le sorprendió el golpe de Estado.
Las mentiras del Ministerio
Tras aquella operación policial de diciembre de 2008 que posibilitó la incautación de los más de 1.200 documentos, el Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia abrió una causa por apropiación indebida y receptación. El juez archivó el caso al considerar prescrito el delito pero hasta ahora se ha negado a devolver los documentos a ninguna de las dos familias que pleitean por ellos. La única indicación que ha dado al Ministerio de Ángeles González-Sinde es que mantenga los papeles (las memorias del político, correspondencia, disposiciones testamentarias) bajo su custodia en tanto otro juez, del orden Civil (no penal), decide quién es el propietario legítimo de los documentos: la familia que los ha poseído durante casi 70 años o los nietos de Alcalá Zamora, herederos legítimos.
Pese a la resolución del juez, de la que el Ministerio fue informado en marzo, Cultura urdió, a base de mentiras, la operación para quedarse con unos papeles sobre los que tenía la custodia. El primer engaño de Cultura es decir que el juez que archivó el caso tras declarar prescrito el delito reconoció que los Soria habían adquirido la propiedad de los documentos por usucapión, es decir, porque los habían poseído durante décadas.
«Si el Ministerio a mi me considera titular de esos papeles, ¿por qué no voy a utilizarlos?», se defiende Aurora Lara, esposa de Soria, cuando se le pregunta por qué ofreció a Hacienda, en pago de su deuda unos papeles de los que no es propietaria.
Cuando hay dos partes que reclaman un mismo bien, como ocurre con los papeles de Alcalá-Zamora, la propiedad por usucapión sólo puede decidirla un juez, no un Ministerio. En este caso, ningún juez ha reconocido a la familia Soria la propiedad de esos legajos. De hecho, lo que la Audiencia dijo fue que, prescrito el delito, «la única sanción posible» para Mariano Soria era la que ya le había sido impuesta «al haber sido desposeído legalmente de tales documentos». De modo que si la Justicia, finalmente, decidiera que los papeles son de los nietos del político, el Gobierno tendría que reclamar de nuevo la deuda condonada a los Soria y negociar con los Alcalá Zamora la adquisición de los papeles.
Dice Aurora Lara que no se trata de un «error» del Ministerio, al que reprocha haber sacado partido del embrollo judicial. «El Ministerio se ha aprovechado de esta situación. A río revuelto, ganancia de pescadores. El río lo han revuelto los Alcalá Zamora. El Ministerio es el único que se ha beneficiado». Cultura publicitó la operación de adquisición de los papeles el 20 de julio; días después, la Agencia Tributaria desmintió a González Sinde y precisó que la operación estaba todavía abierta. Los Soria aseguran que han firmado con ambos ministerios el acta de cesión de los papeles, dan por saldada la deuda y esperan a que Hacienda les notifique el importe de la sanción para pagarla.
Verdades a medias
Molesta con las «verdades a medias» que asegura se han contado sobre la historia desde que los papeles fueron incautados por la Guardia Civil, Aurora Lara reivindica la imagen de su suegro. No era espía; no trabajaba para el Ejército Nacional. No sustrajo los papeles. Pasó la guerra civil preso en Barcelona y llegó a Valencia en 1940 para casarse. En vida, siempre contó que compró los legajos en una librería de la calle La Nave, a medias con un médico del que nunca reveló la identidad. Su hijo, ante la Guardia Civil, mintió. Soria dijo que desconocía cómo habían llegado los papeles a manos de su padre.
