La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha desmentido al Ministerio de Cultura y ha negado que la operación para adquirir el legado del primer presidente de la Segunda República, Nicento Alcalá-Zamora, esté cerrrada.
El hermetismo en torno a la operación publicitada por Cultura para hacerse con tan valiosa documentación se ha tornado absoluto, después de conocer que Mariano Soria, el particular al que el Gobierno ha condonado una deuda a cambio de los documentos del político cordobés, no es el propietario de los mismos. Su familia los tiene desde hace setenta años y él se cree propietario haberlos guardado durante décadas sin que nadie los haya reclamado.
Sin embargo, los herederos del político pleitean por recuperarlos y el juez que archivó la causa por apropiación indebida y receptación se niega a determinar quién es el legítimo propietario porque considera que es una cuestión que ha de resolverse en la jurisdicción civil y no en la penal. El caso está pendiente de que la Audiencia vea los recursos ya interpuestos.
El Ministerio de Cultura y la Agencia Tributaria se responsabilizan mutuamente de las irregularidades en la operación. El Ministerio dirigido por Ángeles González-Sinde, que difundió un comunicado anunciando la «adquisición del archivo de Alcalá-Zamora», asegura ahora que «se trata de una decisión de la Agencia Tributaria que acepta como pago por una deuda de la familia Soria estos archivos».
Cultura se niega a aclarar si durante la tramitación del expediente de dación —pago de impuestos en especie con obras de arte o de valor histórico— advirtió a Hacienda de que los papeles no tenían todavía propietario determinado porque el juez se niega a devolvérselos a Soria.
La Agencia Tributaria replica y desmiente a Cultura: admite que hay negociaciones pero asegura que «la operación no está cerrada», que el acta de recaudación ejecutiva en el que se concretan todos los bienes con los que la familia Soria saldará su deuda con Hacienda aún no está redactada. Y para cualquier aclaración, remite al Ministerio de Cultura por haber sido éste el que se «precipitó» haciendo pública una operación aún abierta.
Los legajos le fueron robados a Alcalá-Zamora de una caja de seguridad en el banco Credit Lyonnais durante un viaje al extranjero, en 1936. Hasta 2008, conferencias, discursos, correspondiencia, disposiciones testamentarias y las memorias manuscritas de Alcalá-Zamora han estado en manos de Soria, un empresario de Valencia, que las encontró entre las pertenencias de su padre cuando falleció en 1978. Su progenitor que pertenecía al Servicio de Información Militar del Ejército Nacional, habría sustraído esos legajos, casi 1.200, de las dependencias del Gobierno de la República establecido en Valencia. En 2008, cuando Soria intentaba vender esos papeles a un historiador que actuaba en representación del locutor César Vidal, intervino la Guardia Civil.
Los documentos fueron incautados y depositados en el Ministerio de Cultura para su custodia. La causa por apropiación indebida y receptación abierta por un juzgado de Valencia fue archivada, pero se mantiene viva por mor de los múltiples recursos interpuestos por la familia Soria y por los nietos de Alcalá-Zamora.
