La operación del Ministerio de Cultura para hacerse con los documentos robados al primer presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá-Zamora, durante un viaje al extranjero en 1936, ha devenido en un episodio con marchamo de timo y apariencia de engaño, cuando no de negligencia o irregularidad.
Cultura ha «comprado» esos papeles, de enorme valor histórico, a quien no es su propietario. Se trata de Mariano Soria, un empresario valenciano contra quien desde hace dos años pleitean los herederos legítimos del político cordobés para recuperar la propiedad de dichos papeles.
La Justicia aún no ha resuelto el caso, pero cuando se ha pronunciado sobre el mismo ha dicho que Soria fue «legalmente desposeído» de un patrimonio documental sobre el que los que los familiares de Alcalá-Zamora podrían conservar sus derechos como herederos legítimos.
Con el litigio aún por resolver, el Ministerio de Cultura se ha precipitado; en una operación a tres bandas en la que también ha intervenido la Agencia Tributaria, ha mercadeado con un conjunto documental que tiene bajo su custodia por orden judicial desde que, en diciembre de 2008, la Guardia Civil se incautara en Valencia de 1.200 documentos de Alcalá-Zamora cuando la familia Soria negociaba su venta con un historiador que decía ser asesor del periodista César Vidal. En contra de lo que afirma Cultura, ningún juez ha dicho aún de quién son los documentos; ningún juez ha relevado al Ministerio del deber de custodia que tenía sobre los mismos.
Pendientes de un recurso
Ocurrió el 5 de diciembre en una céntrica cafetería de la capital del Turia. La Guardia Civil estaba avisada de la operación por una nieta del político, a quien el propio Vidal había informado de sus contactos con Soria. Los agentes se incautaron de esos documentos; el Juzgado de Instrucción 7 ordenó a Cultura la custodia de los mismos y abrió una causa por apropiación indebida y receptación contra Soria. Un mes después, el juez entendió que no había caso, que el delito estaba prescrito. Archivó.
Los Alcalá-Zamora-Queipo de Llano recurrieron. La Audiencia, en septiembre de 2009, confirmó el archivo, pero realizó dos consideraciones de interés obviadas ahora por el Ministerio: por un lado señaló que, prescrito el delito, la única sanción que cabía imponer al empresario valenciano ya le había sido impuesta al «haber sido desposeído legalmente de tales documentos»; por otro, la Sala apuntó la posibilidad de que los herederos de Alcalá-Zamora «conserven su derecho sobre este patrimonio documental, aunque quizá en conflicto con intereses públicos».
Desde entonces, la causa se ha visto engordada con una sucesión de recursos y escritos en las que, por un lado los Soria y por otro los Alcalá-Zamora, reclaman al juez la devolución de los documentos, en su mayoría de carácter privado aunque de sumo interés histórico. La respuesta del instructor siempre es la misma: no le compete tomar esa decisión en el ámbito penal. Deberán pleitearlo en la vía civil. Los litigantes discrepan. Y apelan cada una de las resoluciones judiciales. El juzgado ha dado trámite esta misma semana al último recurso que ha recibido para que sea la Audiencia la que resuelva. La Justicia, pues, aún no ha sentenciado de quién son los documentos.
El Gobierno, sin embargo, ha permitido que Soria entregue esos legajos que no son suyos —y que han sido valorados en 80.000 euros— como pago en especie de una deuda contraída con Hacienda.
Legítimos herederos
Los nietos del político esgrimen su condición de legítimos herederos de esos documentos frente al empresario valenciano denunciado, a cuyas manos habrían llegado en 1978, al fallecimiento de su padre, después de que éste los hubiera sustraído mucho tiempo atrás. Aseguran que a su abuelo le fueron robados de una caja de seguridad del banco Credit Lyonnais. Allí, en vísperas de realizar un crucero por el Ártico, Alcalá-Zamora depositó joyas, disposiciones testamentarias, dietarios, sus memorias, correspondencia con autoridades políticas y religiosas de la época, conferencias, discursos, cuartillas mecanografiadas o manuscritas...
Luego llegó la Guerra Civil y después el exilio en Buenos Aires. Nunca denunció esa sustracción a la que, tiempo después, sí aludía el político cordobés en sus segundas memorias, las que sí fueron publicadas: «La última y vana pista que tengo al escribir estas líneas, el 8 de marzo de 1940, es que mis Memorias, después de arrebatadas, y de rodar de mano en mano, fueron a parar a las Juventudes Socialistas».
Las otras memorias, las que todavía no han visto la luz, «le fueron arrebatadas por la violencia» en 1936. Así lo recordaba Alcalá-Zamora: «Cuando el 6 de julio de 1936 salimos de Madrid para realizar el viaje proyectado hacía mucho tiempo, que consistía en un crucero por los mares del Ártico, sentimos, ante la anarquía imperante y la violencia que el Gobierno excitaba contra mí, el temor de dejar las Memorias en nuestra casa. No quise, sin embargo, ocasionar a ningún pariente o amigo la molestia y el riesgo de un registro, que alguno se practicó sin efecto. Preferimos, como solución más segura, dejar las Memorias en la agencia madrileña del Credit Lyonnais, banco del que yo había sido abogado desde 1915 hasta 1930». Más adelante, añade, «fueron los agentes de Policía Jacinto Uceda Mariño y Ángel Aparicio Martínez quienes cumpliendo órdenes, siempre del Gobierno y de un juzgado instrumento de aquel, se llevaron los nueve sobres que contenían mis Memorias y otros estudios».
En su declaración ante la Guardia Civil, el empresario denunciado contó que sus padres fallecieron en 1978 y que entre sus enseres descubrió una bolsa de cuero con los documentos que, tiempo más tarde, supo que eran las memorias de Alcalá-Zamora. Aseguró desconocer cómo habían llegado esos papeles a su progenitor.
El historiador al que intentó vendérselos declaró, sin embargo, que Soria le había confesado que su padre pertenecía al Servicio de Información Militar del Ejercito Nacional y que los sustrajo de las dependencias del Gobierno de la República establecido en Valencia. Nunca se los entregó a sus superiores.
Apropiación indebida
La Audiencia dio crédito a esta versión. Entendió que el padre de Soria «pudo quedarse con una documentación que accidentalmente viniera a sus manos por razón de sus funciones, cometiendo con ello un delito de apropiación indebida». Pero concluyó que esos hechos «han prescrito con largueza», que no se podía responsabilizar de ellos a su hijo, quien los heredó en 1978 y los intentó vender en 2008, para el que «toda sanción posible queda cumplida con haber sido desposeído legalmente de tales documentos». La voluntad de Alcalá-Zamora respecto al destino de los documentos queda expresada también en sus segundas memorias: «También es de lo poco que puedo legar a los míos; y si bien no es riqueza material, tiene en gran parte, como reflejo de mi existencia, otro valor para ellos y para mí inapreciable».
Frente a los descendientes, que se consideran legítimos herederos, Soria se ha erigido en «legítimo tenedor». Cree haber adquirido la propiedad de los documentos por usucapión, por haberlos poseído y disfrutado durante décadas sin oposición de familiares y herederos del difunto presidente de la Segunda República. Recuerda que ya en 2000 mostró la documentación a una nieta del político en Burgo de Osma (Soria) y que ésta no reclamó la propiedad. Los herederos ofrecen otra versión. Aseguran que tras ese primer contacto hubo otros, que intentaron recuperar los documentos y que entonces Soria se puso «a la defensiva» y desapareció.
La adquisición de la propiedad de un bien por su uso (usucapión) requiere buena fe, justo título y posesión pacífica, ininterrumpida y pública. No ha de ser ni clandestina, ni en precario ni violenta, extremos que en este caso, al existir otra parte que también reclama la propiedad, ha de valorar necesariamente un juez, nunca un Ministerio.
Los Alcalá-Zamora alegan que los Soria carecen de título que legitime la posesión de dicha documentación e insisten en un detalle: «proceden de un acto ilícito».
La culpa, de Cultura
El pasado 13 de marzo el juez de instrucción número 7 de Valencia dictó una providencia de la que hizo partícipe a Cultura. En ella le comunicaba el archivo de la causa penal por prescripción del delito y, tras apelar a la Ley de la Memoria Histórica, ordenaba al Ministerio conservar los legajos en el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca.
El juez no resolvió sobre la propiedad de los papeles. Nunca dijo que el particular al que le fueron incautados hubiera adquirido la propiedad por usucapión como tampoco lo dijo la Audiencia Provincial.
Los Soria recurrieron en marzo; los Alcalá-Zamora lo hicieron en mayo; el fiscal informó el 14 de junio y el 28 de ese mismo mes, el juez se negó de nuevo a decir de quién son los documentos. Su decisión ha sido de nuevo recurrida. El caso está vivo.
El magistrado descarta actuar contra el Ministerio porque, a pesar de que ha comerciado con una documentación de la que se desconoce el propietario, los papeles siempre han estado controlados.
El legado de Alcalá Zamora será depositado en el Archivo Histórico Nacional. La Subdirección General de Archivos considera que hay documentos de «indiscutible carácter público» como los relativos a la Revolución de Asturias (1934) y a la expulsión del arzobispo de Toledo.
ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE
