GABRIEL SANZ
MADRID
José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ayer que el frustrado proceso de paz de 2006 fue el punto de partida para que «en los últimos años estemos ganando definitivamente» a ETA, a la que ve en su «su etapa final». Como han coincidido el primer aniversario del último atentado mortal de la banda con el traslado de varios arrepentidos, entre ellos Idoia López Riaño, autora de 23 asesinatos, a cárceles del País Vasco, Zapatero fue preguntado ayer en La Moncloa si volverá a dialogar en caso de que se consolide esa ausencia de violencia, y si los acercamientos tienen que ver con ello. Midiendo cuidadosamente cada palabra, el presidente del Gobierno eludió contestar si habrá contacto con la banda y prefirió resaltar que su política penitenciaria es la misma que la de anteriores gobiernos. Dijo también que en el PP sabe de los acercamientos «quien tiene que tener conocimiento», y que espera que el principal partido de la oposición huya de la tentación de usar políticamente este tema, porque es «inaceptable».
Sólo la insistencia de los informadores logró arrancarle algunas palabras más con las que, sin entrar de lleno en los rumores de tregua, sí adelantó que «bajo ninguna condición» dará a ETA contrapartida alguna por dejar las armas.
«Que no esperen nada a cambio», respondió el Ejecutivo a los tres encapuchados de la banda que la pasado semana, en un homenaje al etarra fallecido en Ciboure (Francia) Jon Anza, proclamaron que «ni Jon ni el resto de caídos en la lucha han dado su vida para que continúe la imposición». Esta ha sido hasta la fecha la última aparición pública de los terroristas, que tienen despistado al mundo de Batasuna. Precisamente a la rama política de ese mundo se dirigió el líder socialista para asegurar que quienes no «rechacen» la violencia no formarán parte de candidaturas en las próximas elecciones municipales. Y si alguno se cuela, será expulsado de los consistorios, en virtud de la reforma de la Ley de Partidos.
Ahora, las pensiones
El presidente del Gobierno hizo todas esas consideraciones en una larga rueda de prensa (hora y media) que hace siempre tras el último consejo de ministros de julio. Antes de irse con su familia a León a pasar el fin de semana, Zapatero compareció para dejar el mensaje de que su gobierno va a seguir desarrollando «cambios profundos» en la economía, en la senda de la reforma laboral o la reforma del sistema financiero.
Uno de los aspectos novedosos del nuevo proyecto, que, insistió, no desvirtúa su trayectoria de izquierdas, es la reforma de las pensiones. Quiere que los partidos se pongan de acuerdo en la subcomisión del Pacto de Toledo, sin tener el Ejecutivo que actuar unilateralmente. Lo cierto es que su anuncio de que las reformas se van a prolongar a lo largo de 2011 podría indicar algo en ese sentido. Zapatero reconoció que apoyar al Gobierno en «medidas impopulares» no es fácil, pero aun así agradeció a CiU y PNV que hayan hecho «un buen servicio al país». A preguntas de un informador, no quiso dar el titular de que prestan mejor servicio que el PP, aunque reconoció que se quedaba con las ganas. Dijo que lo más importante para un gobierno a la hora de acometer reformas es tener «coraje». El Ejecutivo no ha propuesto oficialmente, en el documento que ha enviado a la Subcomisión del Pacto de Toledo, que la edad de jubilación suba de 65 a 67 años; tampoco que el cómputo de la base de cotización pase de quince a 20 años, como se especula, pero es un secreto a voces en el Congreso que el quiere aprobarlo ya.
El problema es que CiU y el PNV, como se vio anteayer en la reforma laboral, no están por la labor de prestar más apoyo que su abstención o un «sí» muy condicionado, que le sirvan al Gobierno para ir sorteando votaciones en solitario. Aun así, el presidente del Gobierno no se plantea que estas formaciones le devuelvan el presupuesto 2011 y ello le obligue a adelantar las elecciones generales.
El jefe del Ejecutivo no quiso en la rueda de prensa enfrentarse a los sindicatos, los cuales aseguran que esta reforma laboral ha sido la más regresiva de los últimos 30 años. A lo más que llegó es a decir que «a veces da la sensación» de que no se leen los textos. Y leyó la enmienda pactada con el PNV, por la cual una empresa que prevea pérdidas puede acogerse al despido objetivo de trabajadores (sólo 20 días de indemnización por año trabajado). Insistió en que el juez seguirá teniendo la última palabra y pidió «prudencia» a UGT y CC.OO, a los que va a citar, junto con los empresarios, en la Mesa del Diálogo Social para hablar de la reforma de las políticas activas de empleo (INEM).
Zapatero expresó su «gran respeto» a los sindicatos pese a esta «discrepancia fuerte» que mantienen, pero les instó a esperar a ver los primeros efectos de la reforma, y a pasar página. En cualquier caso, insistió, «la reforma laboral que estamos aprobando tiene como finalidad fundamental evitar despidos, algo que reitero, mantengo y defenderé donde haga falta».
Otro guiño al PNV
El presidente del Gobierno defiende que la reforma de las políticas activas de empleo es un «campo distinto» del mercado de trabajo y necesita también «un importante acuerdo social», aunque recordó que, si no hay acuerdo en la mesa de diálogo, se ha comprometido con el PNV a legislar en un plazo de seis meses. Curiosamente, el PNV defiende la transferencia de las políticas activas de empleo, algo que se ve con recelo en el Gobierno vasco, que teme que el PNV logre un protagonismo que ellos no han tenido hasta la fecha.
No obstante, Zapatero dio ayer la impresión de que, junto con las pensiones, ese va a ser un tema fundamental en su agenda para 2011. El INEM, se detuvo en explicar, requiere «un cambio en la gestión» de las dotaciones y la organización de las políticas por parte de «todas las administraciones» porque «los poderes públicos no pueden resignarse a tener un porcentaje mínimo de intermediación laboral», concluyó el presidente.
