Hace unos días ABC se hacía eco del incremento de los concursos de acreedores en Galicia. Más de un 41 % en el primer trimestre del año al compararse con el mismo periodo del año anterior. Un centenar largo de concursos. Empresas que se ven abocadas a la insolvencia, la bancarrota, sin crédito, sin activos suficientes, sin perspectivas, por mucho que se busquen acuerdos de refinanciación y se intente sanear con quitas y esperas la propia empresa. Despidos y paro. Debilidad del tejido emrpesarial en la comunidad. Se sabía que 2009 no iba a ser un buen año. Peor es y será 2010, cuando se toque fondo. Aquel era el año de la crisis, de la consciencia real de la misma aunque su verdadera magnitud todavía era difícil de equilibrar. Este, el de la abrupta realidad.
El pasado año se declararon en España seis mil concursos. Una tímida reforma concursal a finales de marzo pasado precipitada e insuficiente. Entre la refinanciación de la deuda y la mitigación de la reintegración concursal a la masa activa, reformas en la regulación del crédito público y subordinado, así como la liquidación anticipada. Insuficiente para detener la hemorragia. En puertas prelegislativas, una reforma de mayor calado. Saldrá en unos meses si todo va bien y la comisión de codificación del ministerio de justicia concluye los trámites y respeta los tiempos.
La insolvencia no distingue entre empresario, sea individual o sea persona jurídica, y los particulares o las familias. Cientos y cientos de autónomos. Nuestra norma concursal, en su séptimo año de vigencia, ya no sirve como se preveía. Vientos de reforma integral, de mayor proclividad a acuerdos precontractuales, que obtengan confianza, financiación, crédito, pero sobre todo, que sean una tabla de salvación. Luces y sombras se distribuyen a partes iguales.
Los convenios o soluciones pactadas entre el deudor y los acreedores -masa pasiva- son la excepción, no la regla. El procedimiento, lejos de la agilidad que se pretendía, se ha convertido en un verdadero laberinto de obstáculos e incidentes, máxime de incidentes concursales que se plantean sobre todo para impugnar créditos, calificaciones, listado de bienes y derechos, etc. La saturación de los juzgados especializados ha llegado al punto del colapso total. En Galicia sólo cinco juzgados de lo mercantil. A ello le sigue una excesiva judicialización del proceso, escasez de simplificación en los trámites y elevados costes del mismo. Si a ello le añadimos la iliquidez del sistema, la contracción de la economía y del crédito, la elevadísima tasa de morosidad, el desempleo, el cóctel, como la alarma social consiguiente, escenifican el drama real, el mismo que sufren miles y miles de familias que se sienten ahogadas por las deudas y las nada halagüeñas perspectivas sobre el futuro.
El sobreendeudamiento de las familias, el cainismo moral de nuestra sociedad y el mirar hacia otro lado en tiempos de bonanza económica, bajos tipos de interés, relajación en la concesión del crédito y la absoluta carencia de reflexión y nitidez de la situación, han llevado ahora mismo a una situación entre dramática y catastrófica.
Y la pregunta es: ¿por qué no funciona o vale la norma concursal cuando quien concursa es una persona física, un individuo, un consumidor, incluso un autónomo? Y si potencial, y por qué no realmente, decenas y decenas de miles de españoles están en situación de insolvencia ¿por qué no se insta el concurso? ¿Por qué tanta rigidez?
