«La Comunidad gallega vuelve a proyectar su mejor imagen en el resto de España. Suma, no resta; dialoga, no impone; y concierta, no confronta». Con estas palabras el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, marca a José Luis Rodríguez Zapatero el camino a seguir por el Gobierno central para llegar a acuerdos con los agentes sociales y escenifica uno de los mayores retos de su equipo al frente de la Ejecutivo gallego.
Y es que las diferencias entre los resultados obtenidos por el Ejecutivo autonómico y el central son abismales: mientras el primero ha logrado que agentes sociales y la administración gallega lleguen a acuerdos, el segundo no sólo no ha conseguido que se firme ni un solo pacto, sino que además sus decisiones han provocado la convocatoria de una huelga general a la vuelta del verano.
Cinco mesas de diálogo y más de 80 reuniones celebradas desde el pasado mes de enero han sido necesarias para que ayer, finalmente, la Confederación de Empresarios de Galicia, la Administración autonómica y los sindicatos suscribieran los primeros acuerdos en el marco del Diálogo Social . Un consenso que el máximo mandatario gallego calificó como «completo» y que «cultiva la unidad en áreas clave para lograr una Galicia fuerte y próspera».
En total, 15 acuerdos a los que se dedicarán 1.000 millones de euros hasta 2013 y que prevén movilizar otros 400 millones en inversiones a través del Igape, que serán de obligado cumplimiento en lo que resta de legislatura y reforzados por otros, tal y como apuntó la patronal. Si bien, al margen de las importantes magnitudes económicas de las que se está hablando, Feijóo hizo especial hincapié en que «supone una prueba de fuerza de nuestro país y de la responsabilidad de representantes sindicales, empresariales y gubernamentales».
Por su parte, la consejera de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato, se refirió a la unidad para hacer posible el pacto y destacó «la responsabilidad, el trabajo, el esfuerzo y el compromiso» demostrado por los agentes sociales y económicos, así como la implicación «total y transversal» de cada una de las consellerías en la consecución de este pacto.
Al respecto, los secretarios generales de UGT y CC.OO. en Galicia, José Antonio Gómez y Xosé Manuel Sánchez Aguión, respectivamente, coincidieron en señalar que este acuerdo consolida el proceso iniciado en la anterior legislatura y «lo adapta a la actual realidad económica con medidas que amplían la protección social». «Palían la destrucción de empleo y dinamizan la economía en el marco de una apuesta por un nuevo modelo productivo. Estos acuerdos y aquellos que se adopten posteriormente deberán estar clara y nítidamente reflejados en los presupuestos de la Xunta para 2011», advirtieron para, a reglón seguido, recalcar que «son de obligado cumplimiento».
El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla, hizo especial hincapié en la articulación de líneas de acceso a financiación para las empresas, en la protección del tejido productivo y en la apuesta por el I+D+i en la generación de riqueza.
