Las cuentas de la lechera resumen a la perfección las realizadas por el cogobierno de IU y PSOE para financiar las obras del Centro de Congresos de Córdoba. Según el cronograma de actuaciones y el plan inversor aprobado ayer por la Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento dedicará, prácticamente en su totalidad, todo el presupuesto para inversiones de 2012 y 2013 a la obra. Más claro aún, dentro de dos años sólo habrá 144.950 euros para financiar otras actuaciones.
Según marca el plan económico-financiero al que está sometido el Ayuntamiento por su alta deuda, en 2012 sólo podrá destinar hasta 13,4 millones en inversiones para controlar el gasto público. Pues, bien, destinará 13,3 millones al edificio de Miraflores. En 2013, serán 690.000 euros los que sobren para gastar en otros proyectos para la ciudad tras invertir 12,6 millones en el proyecto de Reem Koolhaas. Con este panorama, cualquier desviación de obra que incremente el presupuesto de los trabajos o simplemente con que alguna de las aportaciones prometidas por las administraciones implicadas varíe del dinero apalabrado acabará con los cántaros por el suelo.
Al final, ha sido la Junta Local de Gobierno, como avanzó ABC, la que ha aprobado el cronograma del centro congresual y no el Pleno municipal, tal y como planteó en un primer momento el equipo de gobierno. Y se ha hecho sin ningún informe de la Intervención General, departamento encargado de velar para que todas las actuaciones municipales se enmarquen dentro de la legalidad presupuestaria y los recursos que haya. Y no se ha contado con el mismo porque «no era necesario», explicó ayer el portavoz de IU, Francisco Tejada.
IU sabe que puede encontrar un obstáculo en la interventora por la falta de fondos que hay y el acaparamiento de inversiones en este único proyecto. En cuanto a las acusaciones del PP, que tildó de «cobarde» al equipo de gobierno por no llevar este documento al Pleno para someterlo a debate, Tejada indicó que «dentro
del ámbito de las administraciones públicas, cada órgano tiene sus competencias y ésta (la aprobación del plan inversor) no era del Pleno».
Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Rafael Blanco, se refirió ayer al documento aprobado como «una moción política», un plan que «es una declaración de intenciones», por lo que su repercusión administrativa es casi nula. Añadió que con este cronograma «se intenta tener un documento que nos permita cerrar el acuerdo con la Junta de Andalucía» sobre la financiación prometida para esta obra, para la que, en un principio, ha prometido 18 millones, a pagar en cuatro anualidades. Blanco ilustró el escaso eco del gesto buscado por IU y PSOE para eludir al Pleno y la Intervención con esta expresión: «Es un pequeño paso adelante».
Pero hasta que el Ayuntamiento no cierre dicho convenio con el gobierno andaluz, que exigirá garantías para su ayuda, todo queda tal y como define Blanco, en declaraciones de intenciones y cuentas de la lechera. La realidad es que para los 79 millones presupuestos —podrían ser 61 si se opta por un modelo de gestión público— que cuesta, no hay garantías totales de las otras administraciones para cerrar el presupuesto. En el aire queda si se podrán cerrar convenios conforme a lo previsto tiempo atrás. Las circunstancias económicas son bien distintas y Junta y Gobierno central están inmersas en una espiral de recortes y reprogramación de obras para controlar el déficit público.
Críticas de la oposición
El grupo municipal del PP ha mostrado sus dudas ante la actuación del equipo de gobierno de aprobar dicho plan inversor evitando su paso por el pleno municipal, así como los documentos que lo avalan, en este caso un certificado del interventor de la Gerencia de Urbanismo y sin ningún tipo de documento que avale y garantice la financiación externa. El concejal del PP Luis Martín ha calificado como un «engaño» y una «trampa, que busca el atajo legal».
El
PP advierte de que este cronograma contempla que la inversión municipal puede llegar a los 51 millones, lo que a su juicio «hipotecaría el futuro de muchas actuaciones en los barrios de Córdoba desde hoy y hasta 2014». Además, recordó que durante 2011 no podrá pedir préstamos para inversiones y «aún desconocemos si esa situación se prolongará en 2012», año en el que todas las inversiones irán para el Centro de Congresos.
Martín anunció que el PP realizará en los próximos días un estudio jurídico y económico del plan aprobado para saber si la argücia empleada por IU y PSOE es legal.
