LA suspensión en el último minuto de los aspectos más controvertidos de la ley promulgada en el Estado de Arizona para permitir la deportación automática de inmigrantes en situación irregular es solo el primer episodio dentro de la una cadena previsiblemente larga de sucesivas reacciones de los partidarios y los detractores de determinados enfoques para afrontar los problemas de la emigración. Sin embargo, la sentencia de la juez Susan Bolton parece señalar por ahora los límites legalmente aceptables para una legislación que se proponga combatir la emigración irregular de manera que no se pasen por alto la dignidad y la seguridad jurídica de personas a las que solo se les puede atribuir una falta administrativa. Otros estados deberán tener en cuenta esos límites antes de promulgar leyes que puedan imitar la de Arizona.
La emigración es un fenómeno antiguo, y Estados Unidos no es precisamente un lugar donde sea algo insólito, sino todo lo contrario. Con la emigración llegan tanto grandes ventajas desde el punto de vista económico y demográfico como problemas de convivencia e incluso de delincuencia. Desde siempre, las sociedades de acogida intentan beneficiarse de lo primero y escapar a lo segundo. Es evidente que una cuestión que genera tal ansiedad en la opinión pública norteamericana no debería resolverse a golpe de sentencias y recursos judiciales, sino que requiere una decisión política clara y, por supuesto, a nivel federal. El presidente Barack Obama está obligado a afrontar este problema con la distancia que le proporciona su atalaya en la Casa Blanca, pero sin olvidarse de que es sobre el terreno, en los estados fronterizos, donde las consecuencias pesan directamente sobre los ciudadanos.
