Los profesionales de la sanidad que se oponen a practicar abortos cuentan desde ayer con una guía que recoge una serie de consejos para objetar y solventar las disposiciones de la ley Aído, «dictadas para tratar de restringir el derecho a la objeción de conciencia». La pauta, disponible en Internet y que se distribuirá desde septiembre a las asociaciones de médicos, surge por «las prisas del Gobierno, que ha dejado pendiente el desarrollo legislativo», denunció Javier Pérez Roldán, director del Centro Jurídico Tomás Moro, uno de los editores.
La guía, realizada junto a la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia (ANDOC), Derecho a Vivir y HazteOir.org, asegura que puede objetar «cualquier persona que intervenga en cualquiera de las fases necesarias para culminar el aborto: personal administrativo, de trabajo social o psicología, ecógrafos, anestesistas, enfermeros, ginecólogos o médicos de atención primaria».
Estos últimos viven una situación de indeterminación al ser los encargados de entregar el discutido sobre informativo a la embarazada. «El médico no tiene que entregarlo porque es una carga administrativa», advirtió Pérez Roldán, quien cree que «entregar el sobre es recomendar el aborto, y, por tanto, legitimarlo».
El abogado alertó sobre el peligro de obligar a los objetores a inscribirse en registros controlados por la Administración —como el iniciado por Castilla-La Mancha— que «atentan contra la intimidad» y pueden derivar en «listas negras» persecutorias. «Sólo debe saberlo la persona encargada de elaborar los turnos y es conveniente dirigirse a cada colegio profesional para saber si ha establecido protocolos de actuación», explicó.
Uno de los puntos más espinosos de la nueva legislación es el requisito de la solicitud anticipada, que impone que la objeción debe manifestarse antes del aborto y por escrito. En opinión de los impulsores de la guía, «nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o
creencia».
Mientras, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, afirmó ayer que «la objeción de conciencia de los profesionales que intervienen de manera directa» en los abortos está «perfectamente reconocida en la legislación», según informó Ep. Por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, reprochó que «se protege más al toro que al feto».
