El Gobierno está seriamente preocupado por las consecuencias políticas que puede tener la prohibición de la Fiesta Nacional en Cataluña, que se ha aprobado, en parte, gracias a la postura acomplejada del PSC y del presidente de la Generalitat, el cordobés José Montilla, y del silencio cómplice del Ejecutivo.
Hasta ayer mismo, Moncloa quería tratar el asunto como una cuestión que afectaba sólo a esa Comunidad, que es soberana para tomar decisiones que sólo a ella le afectan. Calculó mal el Ejecutivo, que ahora intenta reaccionar al comprobar que la ola de indignación popular en toda España amenaza con convertirse en un tsunami que puede llevarse por delante no pocos de los apoyos que todavía le quedan, lo que podría tener graves consecuencias electorales en las comunidades que gobiernan.
Visto el percal, ayer el Gobierno trató de hacer visible su malestar con la decisión del Parlamento catalán. Hasta entonces, la indignación de los socialistas sólo se había expresado por boca de los barones regionales, en especial del castellano-manchego José María Barreda y del extremeño Guillermo Fernández Vara, quienes no sólo reaccionaron con dureza ante la decisión sino que la enmarcaron en el lugar donde precisamente más molesta al Ejecutivo de Zapatero: en el deseo de los nacionalistas catalanes de borrar cualquier elemento que remita a la cultura común de todos los españoles.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, directamente afectada por la decisión y hasta ayer en ignorado paradero en lo que se refiere a este asunto, aseguró por la mañana en la Cadena Ser que «los toros son cultura y tienen sentido y vigencia, se pueden ver como las artes de representación de la vida y son un ritual que nos enfrenta a dilemas de la existencia muy profundos».
El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, fue el siguiente en salir a la palestra al mostrarse firmemente en contra de la prohibición, que no consideró razonable pues la Fiesta Nacional es una
«tradición en el seno de la sociedad catalana y española». Y remató la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, para quien «los toros tienen que estar fuera de la arena de la política».
También la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, afirmó en Alicante que tanto su partido como ella «nunca han estado a favor de las prohibiciones y sí de la tolerancia y el respeto». Eso sí, como Manuel Chaves, dio muestras de estar muy preocupada por las consecuencias electorales que puede tener toda esta polémica, ya que se apresuró a acusar al PP de buscar la división de los ciudadanos. Se refería al anuncio realizado el miércoles por Mariano Rajoy de que presentarán iniciativas en el Congreso y en el Senado para que la Fiesta sea declarada como «bien de interés cultural».
Curiosamente, y aunque ambos aseguraron que no había que politizar este asunto, afirmaron que los populares se comportaban como en el asunto del Estatuto de Cataluña.
Hoy, el presidente del Gobierno, cuyo silencio indigna a propios y extraños por lo que tiene de tibieza, tendrá que hacer pública su postura en la rueda de prensa que ofrecerá tras el Consejo de Ministros. Deberá tener mucho cuidado, porque la equidistancia no jugará a su favor y enfadaría tanto a los defensores como a los detractores de las corridas de toros.
