El tira y afloja que mantiene el Ministerio de Industria con las grandes eléctricas a cuenta del aplazamiento de la subida de la luz el 1 de julio ha vivido esta semana dos capítulos decisivos. Uno en el consejo de la Comisión Nacional de la Energía y el otro en el Tribunal Supremo. El magistrado de la sala ha denegado a Iberdrola las medidas cautelares solicitadas en el recurso contra la congelación de la tarifa eléctrica interpuesto pocos días después de conocerse el pacto PSOE-PP que daba lugar a la medida, según el dictamen al que ha accedido ABC.
En ellas, la eléctrica pedía al alto tribunal que ordenara al Departamento que dirige Miguel Sebastián a reconocer expresamente el exceso de déficit de tarifa —diferencia entre los costes e ingresos del sistema—cifrado en 1.116 millones, y el tipo de interés para su pago. Para ello la compañía que preside Ignacio Galán argumentaba los perjuicios que le habría infligido la congelación de la luz, entre ellos, «pérdida de la posición competitiva» o «daño en la cotización». El Supremo, sin embargo, no aprecia estos factores.
A la demanda de la eléctrica han seguido otras de corte similar planteadas por Endesa, Gas Natural Fenosa y la patronal Unesa. Las tres podrían encontrarse las próximas semanas con respuestas similares por parte del Alto Tribunal.
Toque de atención
Esta pequeña victoria para Industria hubiera tenido sabor dulce de no ser por el rechazo del consejo de la CNE a parte del borrrador del real decreto con el que Sebastián quiere poder revisar el recibo de la luz en cualquier momento. El organismo regulador se ha mostrado en contra de que el Ejecutivo logre este poder —actualmente el recibo se revisa cada seis meses— y aconseja al departamento que dirige Miguel Sebastián que modifique el borrador y se conforme con aplicar alzas trimestrales, como máximo.
La Comisión que preside Maite Costa propone, además, que se limiten las circunstancias que puedan dar
objeto a la revisión excepcional. Junto a esto, recomienda a Industria que la norma establezca «expresamente» que la revisión de los peajes —a la que se refiere el borrador y que supone la mitad del recibo— se acompañe de una revisión del conjunto de la tarifa de último recurso, lo que permitirá garantizar la aditividad de la tarifa, esto es, el principio de que el importe que paga el consumidor recoge todos los costes.
Amnistía a las anomalías
Otro de los proyectos de Sebastián pasará hoy el trámite del consejo de ministros. Industria ha elaborado un real decreto que obligará a las plantas fotovoltaicas en situación irregular a devolver la prima percibida así como sus intereses. Sin embargo la nueva regulación ofrece la posibilidad a los «arrepentidos» de confesar las irregularidades a cambio de acogerse a un mecanismo que les permitirá seguir cobrando una prima —que pagan todos los clientes a través de la factura de la luz— aunque de menor cuantía. De 465 euros por MW hora producido, estas instalaciones pasarán a cobrar 320 euros.
De esta forma, el fraude fotovoltaico de las plantas que fueron conectadas a la red fuera del plazo establecido en la ley seguirían percibiendo una subvención a la que, a todas luces, no tienen derecho. Las plantas afectadas podrían suponer una cuarta parte de las instalaciones existentes. El real decreto arrastra además otros problemas, pues traspasa a la Comisión Nacional de Energía el peso de las inspecciones sin tener en cuenta que el organismo supervisor ya ha elaborado 4.000 expedientes sobre los que Industria no ha realizado hasta ahora ningún tipo de actuación.
