Volvieron los días tranquilos a los aeropuertos españoles, al menos aparentemente. Hace días que Aena no denuncia retrasos significativos en las operaciones. Tan sólo algunas protestas esporádicas por parte de los usuarios, a los que las compañías aéreas informan de que las demoras se deben al «absentismo» de los controladores, enturbian la calma tensa que preside los centros de control, situación que puede conducir a engaño: constantemente surgen nuevos frentes y nuevos protagonistas en lo que antes parecía una batalla en solitario capitaneada por el ministro de Fomento, José Blanco. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, el último de los miembros del Gobierno en entrar en escena, anunció ayer en un acto celebrado en Burgos que el 66,6% de los controladores aéreos que se encontraban de baja fueron dados de alta tras pasar por la revisión médica de Inspección de Trabajo. «De los 205 procesos controlados, 136 han pasado a situación de alta médica», detalló. Esto es, casi siete de cada diez casos no superó la auditoría encomendada por el Ministerio de Trabajo.
El porcentaje resulta inusitado, ya que lo habitual es que esto sólo ocurra en una de cada seis inspecciones, según indicó el responsable de la Seguridad Social, que se basó en datos de hasta el 27 de julio. El Ministerio de Trabajo e Inmigración detalló en un comunicado que en los casos estudiados en los controles iniciados «como consecuencia de las bajas médicas de los controladores» se observa «una elevada frecuencia de procesos de enfermedades de muy corta duración».
El operador aeroportuario, que no se pronuncia sobre la resolución de los análisis al haberlo dejado en manos de la Seguridad Social, está llevando a cabo, junto con el equipo de Granado, un seguimiento de las bajas médicas que expiden los doctores de atención primaria para dilucidar los motivos de las incidencias de la pasada semana en los aeropuertos españoles, con la sospecha de un abuso de la situación laboral de incapacidad temporal. «La frecuencia se encuentra incluso por encima de la que es habitual en momentos tales como epidemias de gripe o alergias estacionales, y hasta la fecha no se había producido ningún caso con una incidencia similar de bajas», señala el Gobierno en la nota.
Los recelos del Ejecutivo llegaron a motivar que desde el Ministerio de Fomento se solicitara la intervención del fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, para determinar si la ausencia de sus puestos de trabajo obedecía a una conducta delictiva y la acusación manifiesta, tanto del presidente de Aena, Juan Ignacio Lema, como del titular de Fomento, de «huelga encubierta»" (o alguna de sus múltiples acepciones, como «bajas acordadas»).
Estrés y medicación
El sindicato mayoritario del colectivo (la Unión Sindical de Controladores Aéreos, USCA) recordó que a la Seguridad Social no le corresponde la última palabra. «Lo que el Ministerio de Trabajo no ha indicado es que a pesar de darles el alta médica, estos profesionales han de pasar otro examen médico realizado por el Centro de Investigación Médica Aeronáutica, CIMA, el cual es el encargado de decidir si se encuentran en condiciones de realizar actividad operacional», remarcó la organización sindical.
Daniel Zamit, portavoz de USCA, aseguró que muchos de sus compañeros, pese a haber obtenido el alta médica, se encuentran incapacitados para ejercer su trabajo, puesto que «varios de ellos continúan con tratamientos» (para combatir cuadros de ansiedad, depresión y estrés, entre otros) prohibidos por el CIMA en el ejercicio de las labores de control aéreo, ya que pueden llegar a interferir en la concentración de los trabajadores.
El CIMA establece la operatividad de los controladores siguiendo normas de la Unión Europea. «Desde USCA hemos aconsejado a los trabajador que se encuentren mal que no vayan a trabajar», destaca Zamit, quien asegura que incluso se ha concedido el alta a un controlador con un 60% de la visión.
USCA insiste en que la situación en los centros de control no ha variado en exceso. El número de bajas médicas se mantiene en el mismo nivel que en meses anteriores y, a diferencia de lo denunciado por el Gobierno la semana pasada, no se han producido retrasos. «La operación fue modélica. Las alarmas por las demoras se deben a la campaña de desprestigio de Fomento», apunta Zamit.
El Ministerio confirma lo indicado por los controladores. Algunos de ellos deberán presentarse a una revisión en el CIMA dentro de un plazo no superior a los 15 días, una «práctica establecida», más allá de los análisis periódicos, para evaluar sus «aptitudes físicas y psíquicas», que los controladores consideran amenazadas desde la aprobación del Real Decreto por el que se modificaban la organización de sus turnos de trabajo y descanso, reglamento que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy como parte de la nueva Ley de Navegación Aérea, según Ep.
