El director del Centro Jurídico Tomás Moro, Javier Pérez Roldán, alertó hoy del «peligro» de obligar a los profesionales sanitarios antiabortistas a inscribirse en registros públicos controlados por la administración –como el que ha puesto en marcha Castilla-La Mancha– por el riesgo de que se conviertan en «listas negras» que deriven en “una persecución a los objetores, hecho que queremos evitar”.
Durante la presentación de la “Guía de objeción de conciencia sanitaria al aborto”, que ya está disponible en Internet y se enviará a las asociaciones médicas desde septiembre, Pérez Roldán afirmó que el Gobierno intenta que la nueva ley del aborto “funcione gracias al miedo” dado que “así se consigue que los médicos no sean combativos”.
En su opinión, y aunque la nueva legislación establece que la objeción de conciencia debe manifestarse anticipadamente y por escrito, “sólo debe saberlo la persona encargada de cuadrar los turnos en el centro clínico u hospitalario”. Según señala la guía, “el carácter anticipado de la objeción y la forma escrita ponen en serio peligro la virtualidad del ejercicio del derecho mismo, dado que nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia”.
En el manual, editado conjuntamente por el Centro Jurídico Tomás Moro, la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia (ANDOC), Derecho a Vivir y HazteOir.org, se dan instrucciones sobre quién puede objetar y cómo hacerlo, pues “la ley está pendiente de un desarrollo legislativo que ha provocado un vacío por las prisas del Gobierno para promulgar la ley”, criticó Pérez Roldán.
Un derecho abierto a cualquiera
A este respecto, la guía indica que puede objetar “cualquier persona que intervenga en cualquiera de las fases necesarias para culminar el aborto: personal administrativo, de trabajo social o psicología, ecógrafos, anestesistas, enfermeros, ginecólogos y médicos de atención primaria”, por estar obligados a entregar a la embarazada el controvertido sobre informativo. Frente a esto, Pérez Roldán considera que “el médico no tiene que entregarlo porque es una carga administrativa” y para ellos “el nasciturus es un paciente más”. “Entregar el sobre es recomendar el aborto y, por tanto, legitimarlo”, añadió.
En caso de que el centro médico no acepte la objeción de conciencia, hecho que “en algún caso se está dejando entrever en Andalucía”, según los autores de la guía, “hasta que no se agoten los recursos legales, la persona está amparada”, declaró la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, Teresa Fernández de Córdoba.
