A la vista de las alegaciones presentadas por la Administración Obama y grupos de activistas, una juez federal de Estados Unidos ordenó ayer la suspensión cautelar de los aspectos más polémicos de la ley de inmigración que Arizona tiene previsto empezar a aplicar a partir de hoy. Según el fallo de la magistrada Susan Bolton, las fuerzas policiales estatales y locales no tendrán que asumir la obligación de determinar el estatus migratorio de cualquier persona si existe «sospecha razonable» de que pueda encontrarse ilegalmente en territorio americano.
La decisión judicial de 36 páginas —que se enmarca dentro de una gran polémica nacional sobre la reforma del sistema de inmigración y protección de la frontera sur— bloquea las aspiraciones de convertir en un delito la presencia de «indocumentados» en Arizona. Al igual que los intentos de penalizar a los «sin papeles» que buscan empleo en lugares públicos. Y también las facilidades para practicar detenciones de indocumentados con el fin de agilizar su expulsión de Estados Unidos.
La intervención de la magistrada Bolton, nominada por el presidente Bill Clinton hace diez años y destinada en la ciudad de Phoenix, incluso ha parado requisitos básicos de documentación incluidos en la ley que Arizona aprobó el pasado abril para disuadir a su casi medio millón de «sin papeles». Con el suspendido requisito de que todos los inmigrantes lleven siempre los debidos documentos para poder demostrar su estatus.
Esta primera escaramuza judicial supone que la ley SB1070 entrará en vigor pero carente de sus previsiones más cuestionadas. La significativa suspensión cautelar se mantendrá en vigor hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre las cuestiones centrales litigadas en las múltiples querellas interpuestas contra esa legislación, que paradójicamente cuenta con un significativo respaldo popular dentro y fuera de Arizona.
Sin el beneficio de esta legislación contra la inmigración ilegal, las
autoridades de un solo condado de Arizona —Maricopa, donde ejerce el célebre sheriff Joe Arpaio— han ayudado a la deportación de más de 26.000 indocumentados desde 2007. Lo cual supone, según datos obtenidos por la agencia Ap, un cuarto de todos los «sin papeles» deportados bajo una iniciativa de colaboración entre autoridades locales y federales conocida como programa 287(g).
Hasta el Supremo
Se espera que los abogados de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, apelen el fallo alcanzado tras la celebración de tres vistas orales durante las dos últimas semanas. Especialistas legales insisten en que toda esta pugna —que abarca desde cuestiones de discriminación racial al reparto constitucional de poderes— llegará eventualmente hasta el Tribunal Supremo.
Dentro del sistema federal de EE.UU., la Administración Obama considera que la ley de Arizona atenta contra la supremacía de las leyes de Washington. A su juicio, interfiere con prerrogativas y competencias que corresponden a la Casa Blanca. Según los argumentos del Departamento de Justicia, la regulación de los flujos de inmigración es una obligación exclusiva del gobierno federal.
La decisión de la juez Bolton se produce a cuatro días de que la Administración Obama despliegue 1.200 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera suroeste de EE.UU.. Operación militar con la que la Casa Blanca reconoce la creciente ansiedad en torno a la violencia y onerosas cargas presupuestarias vinculadas a la falta de control en partes sustanciales de la frontera con México.
;)
;)
;)
;)
