Susan Bolton, la jueza federal que bloqueó hoy las partes más controvertidas de la ley de Arizona en una decisión vitoreada por los grupos pro inmigrantes del país, tiene fama de eficiente, inteligente, detallista y justa. Bolton, de 58 años, se ha labrado su buena reputación durante la década que ha servido como jueza federal en Arizona y los once años que, con anterioridad, estuvo en un tribunal superior del Condado de Maricopa, situado también en el árido estado al sureste del país. "Uno no tiene que preocuparse de que vaya a mostrar algún tipo de prejuicio, lo que no puede decirse de todos los jueces", dijo hoy al diario Arizona Daily Star Mary Jo O'Neill, una abogada que presenta anualmente varios casos ante la oficina de Bolton. La magistrada, que tiene sobre su mesa las siete demandas actuales contra la ley SB1070 que entra en vigor esta media noche sin sus secciones más polémicas, ha vivido en Arizona desde 1975, cuando aceptó un puesto como asistente del Tribunal de Apelaciones tras finalizar sus estudios de Derecho en la Universidad de Iowa. Entre 1975 y 1989 trabajó en un despacho de abogados de Phoenix, la capital del estado de Arizona, para reincorporarse a continuación al sistema público de justicia, con un puesto en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa.
Allí conoció a abogados como John Randolph, que dice recordar todavía un juicio cuando la magistrada estaba en el tribunal de Maricopa y dos abogados se pusieron a discutir delante de ella. Bolton, que no tenía a mano el mazo tradicional de los jueces, encontró algo para dar un golpe seco sobre la mesa y dejó claro a los letrados que los argumentos no empezaban hasta que ella diera la orden al respecto. "Me dejó impresionado", dijo hoy al Arizona Daily Star Randolph, quien considera que ese es el tipo de control de la situación que necesita mostrar un juez. En el año 2000, el entonces presidente Bill Clinton la nominó, a recomendación del senador republicano Jon Kyl, para su puesto actual como jueza federal en el tribunal de distrito de Arizona. Pese a que la de hoy es con mucho la decisión más importante de la magistrada en asuntos migratorios, Bolton ha tratado con esos temas anteriormente y a diferencia de hoy sus dictámenes no siempre dejaron buen sabor de boca a la comunidad hispana.
En el año 2002, por ejemplo, decretó que los funcionarios de la Patrulla Fronteriza tenían inmunidad y no podían ser juzgados por su participación en una redada llevada a cabo en 1977 que concluyó con 430 arrestos. Los grupos pro inmigrantes adujeron entonces que los hispanos con nacionalidad estadounidense estaban siendo discriminados por su apariencia, un argumento que también se ha utilizado para criticar los aspectos más polémicos de la SB1070. En febrero de 2002, la jueza condenó a 16 años de prisión a un "coyote" por la muerte de 14 inmigrantes indocumentados, que fallecieron en el desierto cuando intentaban entrar ilegalmente en Estados Unidos.
Y hoy, decretó, en una decisión histórica para los millones de inmigrantes del país, que la Policía de Arizona no podrá, como pretendía la ley SB1070, comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones. La magistrada también canceló la aplicación de otra sección que obligaba a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país. Y además suspendió la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
Allí conoció a abogados como John Randolph, que dice recordar todavía un juicio cuando la magistrada estaba en el tribunal de Maricopa y dos abogados se pusieron a discutir delante de ella. Bolton, que no tenía a mano el mazo tradicional de los jueces, encontró algo para dar un golpe seco sobre la mesa y dejó claro a los letrados que los argumentos no empezaban hasta que ella diera la orden al respecto. "Me dejó impresionado", dijo hoy al Arizona Daily Star Randolph, quien considera que ese es el tipo de control de la situación que necesita mostrar un juez. En el año 2000, el entonces presidente Bill Clinton la nominó, a recomendación del senador republicano Jon Kyl, para su puesto actual como jueza federal en el tribunal de distrito de Arizona. Pese a que la de hoy es con mucho la decisión más importante de la magistrada en asuntos migratorios, Bolton ha tratado con esos temas anteriormente y a diferencia de hoy sus dictámenes no siempre dejaron buen sabor de boca a la comunidad hispana.
En el año 2002, por ejemplo, decretó que los funcionarios de la Patrulla Fronteriza tenían inmunidad y no podían ser juzgados por su participación en una redada llevada a cabo en 1977 que concluyó con 430 arrestos. Los grupos pro inmigrantes adujeron entonces que los hispanos con nacionalidad estadounidense estaban siendo discriminados por su apariencia, un argumento que también se ha utilizado para criticar los aspectos más polémicos de la SB1070. En febrero de 2002, la jueza condenó a 16 años de prisión a un "coyote" por la muerte de 14 inmigrantes indocumentados, que fallecieron en el desierto cuando intentaban entrar ilegalmente en Estados Unidos.
Y hoy, decretó, en una decisión histórica para los millones de inmigrantes del país, que la Policía de Arizona no podrá, como pretendía la ley SB1070, comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones. La magistrada también canceló la aplicación de otra sección que obligaba a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país. Y además suspendió la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
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