Las cuentas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) no cuadran. De hecho, según apuntó recientemente la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, la institución presenta un desvío de 192 millones de euros en gastos de personal no autorizados entre 2003 y 2008. Una situación que, de seguir esa progresión, podría dar lugar a una situación complicada a finales de año. El rectorado de la UCM, por su parte, reconoce las dificultades económicas, pero niega la cifra apuntada por Figar y asegura tajante que, de ser cierta la información, «habrían cerrado sus puertas hace tiempo».
A las dudas sobre la gestión de la Complutense se suman otros datos como el hecho de que es la única universidad pública de la región que el 30 de junio no presentó sus cuentas ante la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid —las de 2008 las comunicó el pasado 3 de marzo—, y que el Tribunal de Cuentas está realizando un informe sobre las actuaciones del polémico rector de la institución, Carlos Berzosa, que se hará público en breve.
El principal problema radicaría en que la Complutense ha superado —según apuntan fuentes de la Comunidad de Madrid—, el techo de gasto para costes de personal fijado en la Ley de Presupuestos de cada año de la Comunidad de Madrid. Aquí se habría llegado en parte gracias al desfase que ha habido año tras año desde 2003 a 2008, teniendo en cuenta las cifras fijadas por la Consejería de Educación, en cumplimiento del artículo 30 de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid. El artículo que hace referencia a este punto es el que señala que la Consejería es la que debe autorizar a la Universidad dicho techo de costes de personal docente, de administración y servicios, un límite que la UCM habría superado continuamente desde 2003.
El gráfico de la siguiente página refleja esa ruptura del techo salarial por parte de la Complutense, mediante la diferencia entre los gastos de personal llevados a cabo por la UCM, y
lo autorizado por la Comunidad, cuya suma desde 2003 a 2008 se eleva a 192 millones de euros. Por contra, se puede observar el incremento de personal docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PAS). Los PDI pasaron de ser 6.131 en 2005 a 6.380 en 2009, y los PAS de 3.541 en 2005 a 3.829 en 2009. Y también como la cantidad de alumnos por curso habría disminuído, pasando de 85.882 en la promoción 2003-2004 a 77.005 en 2008-2009.
Diferencia de criterios
Fuentes de la UCM, por su parte, apuntan en su defensa que «lo que está causando problemas reales es la congelación de los gastos corrientes en 2009 y 2010, cuando ha habido que subir los sueldos al personal como consecuencia de las disposiciones legales, así como la deuda que tiene contraída la Comunidad debido al incremento de las pagas extraordinarias».
Desde de la Consejería responden en primer lugar, que no ha habido reducción respecto a la nominativa de gastos corrientes, salvo el 5 por ciento general a todas las instituciones públicas que marca la Ley de Presupuestos Generales. También niegan adeudar nada del «complemento específico» y alegan que la UCM no hace el cálculo en función de la Ley de Presupuestos del Estado, que es la que rige para el personal funcionario que depende de la Universidad. En cuanto a las pagas extraordinarias que también reclama el rector de la UCM, el criterio que aplica la Comunidad es el mismo, ya que hace el cálculo en función de la Ley de Presupuestos del Estado, y no en función de la ley de presupuestos regional. Berzosa interpuso un recurso contencioso administrativo por esta cuestión a la Comunidad de Madrid y ambas partes se encuentran ahora a lo que dicte el Tribunal Superior de Justicia.
Plan de reequilibrio
Al mismo tiempo que Berzosa niega el desvío de 192 millones de la UCM, el Consejo de Gobierno de la institución ha establecido un duro plan de reequilibrio presupuestario
con el que pretende resolver la mala situación económica de la Compluntense. Con dicho plan el rectorado pretende ahorrar costes y aumentar beneficios deshaciéndose, entre otras cosas, de patrimonio inmobiliario. Entre las operaciones previstas en ese proyecto financiero destaca, por ejemplo, la posible concesión de una parcela situada en la Plaza de Cristo Rey con la avenida de los Reyes Católicos, así como de las viviendas desocupadas de la Residencia de Profesores, por un valor aproximado de 15 millones de euros.
También sorprende como medida financiera el aplazamiento negociado con Hacienda del pago del IRPF de 32,2 millones de euros correspondientes al pago del IRPF de abril, mayo, junio julio y agosto, con el objetivo de dotar de liquidez al sistema.
Además, la paralización de obras contratadas por Berzosa han ocasionado un grave perjuicio patrimonial a la Complutense. Para muestra, la nueva Facultad de Económicas en Somosaguas (Pozuelo de Alarcón), un proyecto faraónico que ha quedado sólo en los cimientos. Su presupuesto era de más de 40 millones de euros, pero los problemas económicos de la UCM han dejado un enorme agujero en mitad del campus. En estos momentos se estaría negociando la penalización a pagar a la constructora, que podría rondar los 4,5 millones.
