La sanidad pública gastará más de 50 millones anuales en practicar abortos

La nueva ley, pese a carecer de demanda social hasta el punto de que ni siquiera el PSOE la había incluido en su programa electoral, ayudará a propinar la puntilla a una sanidad pública que acumula en estos momentos un déficit superior a los a los diez mil millones de euros. La conversión del aborto en un derecho superior al de la vida del no nacido y la obligatoriedad de incluirlo entre las prestaciones de la Sanidad Pública va a suponer para las comunidades autónomas un gasto imprevisto y desorbitado. Circunstancia que ya ha provocado las quejas de varias de ellas.

María Kutz, consejera de Salud del Gobierno de Navarra, recuerda que «desde el año 2005 al 2008 (último dato publicado) el número de abortos se ha incrementado en un 20,8%, alcanzando la cifra de 115.812, mientras que los practicados en la Sanidad Pública han disminuido del 2,91% en 2005 al 1,94% en 2008».

«De la misma forma —prosigue— se observa que cada vez son más las comunidades en las que no se practican abortos en la Sanidad Pública, indistintamente de su color político. Es el caso de Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia y Navarra. Es llamativo asimismo, que en una comunidad de la extensión de Andalucía, solo haya un centro público que realice abortos. Con todos estos datos nadie puede negar, se mire como se mire, que en la Sanidad Pública española hay un sentir objetor respecto a la interrupción voluntaria del embarazo».

Un manifiesto sentir objetor que ha provocado, con el consentimiento de los diferentes gobiernos, la aparición y desarrollo de un lobby abortista formado por 43 empresarios que ha manejado hasta ahora con toda la impunidad del mundo, como se descubrió a raíz del caso Morín, un negocio altamente lucrativo.

Expertos del Instituto de Política Familiar vaticinan que tanto en 2010 como en 2011 se cerraran los balances del número de abortos en torno a los 116.000. Teniendo en cuenta que antes de las 14 semanas de gestación las comunidades consideran que el coste de una de estas operaciones se situará entre los 300 y los 450 euros, estaríamos hablando de un desembolso de entre 35 y 52 millones de euros anuales a cuenta de las arcas autonómicas. Sin embargo, todo apunta a que el coste será bastante mayor porque en las clínicas privadas, que seguirán acumulando el mayor peso del negocio, el precio medio es de 500 euros, por lo que el gasto a cubrir por las comunidades se elevaría por encima de los 60 millones.

El negocio de las clínicas

La primera conclusión a la que se llega es que el negocio seguirá siendo redondo para las clínicas. No hay que olvidar que en 2008 el 88% de los abortos se llevaron a cabo en las 12 primeras semanas de gestación. Por lo tanto el modelo de ingresos de los «abortorios» se mantendrá intacto.

La única diferencia es que ahora el gran cliente, casi el único, de las clínicas abortistas será el estado. Hasta ahora la sanidad pública solo cubría los gastos de un aborto cuando se atenía a los supuestos previstos: violación, malformación fetal o peligro para la salud física o psíquica de la madre. Había que ir a un centro público y demostrar una de las tres cosas. Sin embargo, como la inmensa mayoría de los abortos se practicaban a través del coladero del indemostrable daño psíquico materno gracias a informes escasamente rigurosos y en muchos casos falsos, emitidos por las propias clínicas, el que al final pagaba era el cliente privado.

No es de extrañar que la nueva situación haya encendido las alarmas en las distintas consejerías. En varias ocasiones ya han transmitido a Trinidad Jiménez el problema que les va a suponer financiar este nuevo gasto. Incluso, según ha sabido ABC, en la última Interterritorial la cuestión volvió a quedar sin respuesta. Y hablamos de que una Comunidad como Madrid calcula destinar entre siete y nueve millones de euros para aplicar la ley. Cantidad similar que se precisará en Cataluña, Andalucía o Valencia. O que en Castilla-La Mancha, o Canarias necesitarían dos o tres cada una.

Sin embargo, Trinidad Jiménez, echa balones fuera y asegura que el impacto económico de la ley sólo se evaluará a dos años vista, es decir en 2012 por lo que las autonomías deberán apechugar por su cuenta con este desembolso extraordinario, surgido de la presión del feminismo más radical y de los intereses económicos del lobby abortista.