El pasado día 5, Kleber Bolívar Torres, 34 años, inmigrante ilegal asentado en Valencia, se acercó a dos agentes de la Policía Nacional que patrullaban por el barrio de Ruzafa. Confesó un delito. Acababa de quebrantar la orden de alejamiento que le impedía comunicarse con su ex pareja. Y aportó las pruebas.
El sujeto acababa de poner en marcha un plan perfectamente diseñado para regresar a su país, Ecuador y, sobre todo, para hacerlo gratis. Lo consiguió haciendo una utilización perversa de la Justicia y de los mecanismos que ésta pone a disposición de todas las maltratadas para que sean protegidas. La mínima pena de cárcel con la que fue castigado, pero, en realidad, le daban igual seis meses que un año de prisión. Quería que le expulsaran y lo ha logrado. El Ministerio del Interior costeará su viaje de vuelta a Ecuador.
Con las pruebas encima
El día en que se entregó, Kleber entró en uno de los muchos locutorios de uno de los barrios valencianos con mayor población inmigrante. Desde la cabina número cuatro efectuó una llamada telefónica. Tecleó el número del móvil de su ex pareja. Sabía que no podía hacerlo; conocía las consecuencias que aquella decisión iba a traerle. Por eso se armó de pruebas. La llamada apenas duró 30 segundos. 26 céntimos. Kleber abonó el importe y pidió el ticket.
Abandonó el locutorio y, con el justificante en la mano, abordó a una pareja de policías que patrullaba por la zona. Según consta en el atestado policial, les contó que acababa de llamar a su ex pareja, que tenía prohibido hacerlo por orden judicial; de la meticulosidad de su plan habla el hecho de que llevara encima el auto dictado por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 3 de Valencia que le pohibía acercarse y comunicarse con su ex pareja; se lo entregó a la Policía; también les dio el ticket que deja constancia de la llamada efectuada a las 18.13 horas.
Los agentes no daban crédito. Realizaron gestiones. Primero comprobaron en la base de datos de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil que la medida cautelar de alejamiento seguía en vigor; luego verificaron que el número de teléfono al que el detenido aseguraba haber llamado era el de su ex pareja. Ella confirmó la recepción de la llamada, de la que también quedó constancia en el libro de telefonemas del locutorio.
Kleber Bolívar fue detenido en ese mismo instante. No era una situación nueva para él. En su hoja policial constan ocho detenciones más: una por atentado contra agente de la autoridad, dos por infracción de la Ley de Extranjería, una por una requisitoria judicial y cuatro más por malos tratos en el ámbito familiar.
El primero de los arrestos por un episodio de violencia doméstica tuvo lugar en julio de 2004. Volvió a ser detenido por malos tratos el 7 de mayo de este año, el 29 de ese mismo mes y el 23 de junio. Ése fue el día que el juzgado impuso la orden de alejamiento como medida cautelar por maltratar a quien había sido su compañera sentimental.
Cuando el detenido pasó a disposición del juez, su abogada pidió hablar con el fiscal. El Ministerio Público creyó poco probable que el acusado se conformara porque, por baja que pudiera ser la pena, hubiera supuesto su ingreso inmediato en prisión.Tenía una condena previa por maltrato, y eso hacía imposible la suspensión de la nueva condena que le fuera impuesta por el quebrantamiento de la medida cautelar. Tendría que entrar en la cárcel aunque fuera para cumplir cuatro meses. Y la conformidad, en estas situaciones, es harto improbable. Era prisión o expulsión.
Pero Kleber lo tenía claro. Quería regresar a su país y que le condenaran; quería que le expulsaran y que fuera rápido. Así se lo transmitió su abogada al fiscal. El delito de quebrantamiento está castigado con entre seis y doce meses de prisión. El fiscal pidió la pena mínima y su sustitución por la expulsión del territorio nacional. Le apreció la atenuante de confesión. La defensa manifestó su conformidad con el escrito del fiscal. Fue un juicio rápido. Fue un visto y no visto. Como el acusado se conformó con lo que pedía el fiscal, el juez le redujo la pena un tercio: en lugar de seis meses de cárcel, cuatro. Y lo más importante para él: al tratarse de una condena inferior a seis años de prisión, el juez acordó la sustitución de la pena de prisión por la expulsión. El Ministerio del Interior pagará su viaje de regreso a Ecuador. No podrá regresar a España en los próximos diez años.
