Con el impacto de los recortes en infraestructuras aún caliente, un nuevo tijeretazo del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se perfila amenazante ya en el horizonte. El ministerio de Vivienda prepara para el mes de septiembre un paquete medidas que incluirían un recorte en las ayudas directas para el acceso a la vivienda, efecto secundario de la que sería una apuesta decidida por promover la rehabilitación y el alquiler como ejes fundamentales de su línea de actuación.
La vivienda de protección oficial podría ser la gran perjudicada del nuevo modelo, como ayer reconocieron a este periódico fuente del Ministerio, que aseguraron que la VPO es una de las opciones menos determinantes en la recuperación del sector de la construcción. Un planteamiento que choca con la nueva línea de crédito que el ICO acaba de abrir para la construcción de viviendas de protección oficial destinadas la venta.
La rehabilitación, prioridad
En un acto oficial ayer en Murcia, la ministra Corredor confirmó que dará prioridad a las ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas ante el reajuste presupuestario que su departamento presentará en septiembre. Corredor aseguró que, en la medida de lo posible, se destinará el mayor presupuesto posible a las ayudas a los arrendatarios de casas «por su repercusión social», y a las de rehabilitación de viviendas, «por su contribución a la dinamización económica y a la generación de empleo», matizó la ministra.
Pero los planes deCorredor, que ayer fueron presentados a los representantes de las comunidades autónomas, parecen destinados a alimentar la polémica. Ayer, Izquierda Unida ya aseguró que este nuevo tijeretazo supondrá «la paralización de las incipientes políticas públicas de vivienda» en España y un recorte «brutal» en las ayudas para que los ciudadanos puedan conseguir acceder a un hogar.
Según la coalición de izquierdas, las propuestas de la ministra implican, además de menos ayuda,
«menos dinero para impulsar la construcción de vivienda protegida y para las políticas públicas de alquiler». Del mismo modo, señala que también se pretende suprimir las ayudas a las autonomías que superen los objetivos previstos en promoción de vivienda protegida, así como la financiación a la red de oficinas de información a los ciudadanos.
En este sentido, el coordinador federal de Política Territorial y Sostenibilidad de IU, Pablo Prieto, indicó que ésta es «una nueva entrega del tijeretazo» anunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que perjudicará «a quienes menos tienen» y acarreará «más exclusión social y más paro en el sector de la construcción».
Prieto también criticó que Corredor «pretenda justificar este desmantelamiento asegurando que se facilitará el acceso al crédito, porque esto es falso» y las condiciones de los préstamos hipotecarios acordados por Vivienda son «peores que las que ofrece el mercado libre».
