Hay que reconocerle a José Blanco unas agallas que no ha tenido ninguno de sus predecesores en el cargo para enfrentarse a los abusos de la casta más impresentable de la Administración Pública. O que cobra de la Administración Pública, que es lo mismo. La de los controladores aéreos. El colectivo de empleados mejor pagados del Estado y que, sin embargo, lleva meses, el chantaje no ha empezado este fin de semana, utilizando de rehenes a los pasajeros indefensos.
Otra cosa es que el ministro tenga éxito. Y tengo algunas dudas de que así sea. Para eso hace falta que las agallas sean compartidas por otros muchos sectores del Estado y de la sociedad civil y la experiencia dice lo que dice, que los sindicatos chantajistas y amenazadores se salen siempre con la suya y que el ciudadano paga sistemáticamente el pato.
Sobre todo porque la clase política es incapaz de aparcar sus intereses partidistas incluso en un caso de abusos tan escandalosos como éste. El PSOE hizo amago de utilizar la huelga del metro de Madrid contra Esperanza Aguirre e igualmente parece deseoso el PP de hacer lo mismo con esta movilización, utilizarla contra el Gobierno. Con el resultado probable de que hasta un ministro como Blanco tenga la tentación de cerrar el pulso de los chantajistas de la manera más rápida posible. Es decir, cediendo, como siempre.
Y sin liderazgo político unido, no habrá nadie realmente dispuesto a poner límites a esta casta de privilegiados. Ni la Fiscalía, si de verdad lo investiga, tal como ha anunciado. Ni los medios de comunicación. Ni siquiera los militares, al menos esa asociación militar que parecía ayer poco proclive a colaborar en el fin de este chantaje.
Así se impone una y otra vez la ley del más fuerte en las democracias. Es la ley de quien tiene la mayor capacidad de chantaje sobre la clase política. Y con los ciudadanos de rehenes.
