La Iglesia chilena plantea el indulto para ex represores de la dictadura de Pinochet

La proposición denominada «Chile: Una mesa para todos en el Bicentenario» ha sido entregada en el palacio de La Moneda por el presidente de la Conferencia Episcopal chilena, Alejandro Goic, y el cardenal de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, quienes se han reunido con Piñera durante una hora.

En el documento, los obispos argumentan la necesidad de recurrir «a la clemencia y el perdón» para las personas condenadas que permanecen en las cárceles y que hayan observado buena conducta «y no constituyan un peligro para la sociedad », como los presos mayores de 70 años, mujeres que tengan hijos menores de edad y los reclusos con enfermedades invalidantes o terminales.

Sin embargo la mayor expectativa estaba en la propuesta acerca de los 64 ex represores actualmente encarcelados en recintos especiales, en su mayoría condenados por ejecuciones sumarias, desaparición forzosa de personas y aplicación de torturas.

«No sería completa la mesa para todos si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar», dice la propuesta, para agregar que «no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer, no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado».

Los obispos chilenos proponen «distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos».

El presidente Piñera presentará en las próximas semanas un proyecto al Congreso sobre indultos a presos, que suman más de 53 mil reclusos hacinados en las cárceles chilenas. Piñera ha dicho que no hará distinciones entre presos comunes y aquellos que «vistieron uniformes», pues el análisis y otorgamiento de beneficios se hará «caso a caso», con el cuidado de no afectar su política de seguridad pública.

La propuesta de Piñera es apoyada por los partidos que dan sustento a su gobierno, mientras encuentra un rechazo cerrado en la oposición. Las agrupaciones humanitarias, en tanto, han considerado «un error» la proposición de la Iglesia, ya que –reclaman- contradice los tratados internacionales suscritos por Chile y «es un paso hacia la impunidad», ha dicho Lorena Pizarro, presidenta de los familiares de detenidos desaparecidos.